{# #} {# #}
Este lunes por la mañana se llevó a cabo una audiencia clave para la causa por la estafa en los planes sociales que sacude al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén.
El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, pidió la prisión preventiva por ocho meses para los tres imputados más importantes de la causa: Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sanz (exdirector de fiscalización), y Marcos Osuna (responsable de departamento de gestión de programas sociales). El juez Cristian Piana dio lugar a la medida, pero solo por cuatro meses.
En primer término, el fiscal recordó que el 29 de noviembre del 2022 los tres exfuncionarios y unas 16 personas que también trabajaban en la Dirección de Planes Sociales fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública en calidad de coautores. En ese marco, señaló a Soiza como jefe de la mencionada asociación ilícita, al tiempo que destacó su trabajo "en bloque" con Sanz y Osuna, quienes se manejaban como "su mano derecha".
La maniobra que se investiga desde fiscalía es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil y los beneficiarios nunca se enteraban.
De acuerdo al fiscal, mientras Soiza, Sanz y Osuna disfrazaban administrativamente las operaciones, un grupo de empleados de la dependencia cumplían el rol de "reclutadores" al buscar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero. En tanto, un tercer grupo, distinguido como "los extractores" estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el efectivo.
Tal como había manifestado el pasado jueves en conferencia de prensa, Narváez ratificó la solicitud de la prisión preventiva para Soiza, Sanz y Osuna al remarcar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a que tanto los imputados como el abogado Alfredo Cury - que en su momento ejercía su defensa - "ocultaron o suprimieron elementos de prueba", como dispositivos electrónicos; además de tener conductas relacionadas a "aprietes" y acoso a personas que tenían información del caso.
En sus argumentos, citó las declaraciones ante la fiscalía de trabajadores que también están imputados en la causa y subrayó que la prisión preventiva amerita por la gravedad del caso y porque los tres imputados son menores de 70 años.
Tras escuchar al fiscal Narváez, el abogado de Soiza, Esteban Sampayo, tomó la palabra para señalar que "las medidas de coerción no corresponden" y pedir, en todo caso, la prisión domiciliaria de su defendido ofreciendo la restricción de acercamiento a testigos y la caución de la chacra del exfuncionario que fue allanada la semana pasada. La misma está valuada en 400 mil dólares.
Para la solicitud se escudó en los problemas de salud que aquejan al ex director de planes sociales, quien estuvo al borde de la muerte a fines del 2021.
"Que se entienda que esta persona en estos momentos está durmiendo en un colchón en el piso de una celda en una comisaria de Neuquén", enfatizó para luego repasar la historia clínica del imputado y remarcar que los hechos que investiga la fiscalía corresponden al período comprendido entre noviembre del 2021 y junio del 2022.
"El señor Soiza en septiembre del 2021 venía con problemas de salud diversos. En octubre del 2021 debió ser internado en la clínica Cemic por astenia, adinamia, hiporexia y una pérdida significativa de peso, de 100 a 64 kilos. El 4 de noviembre del 2021 fue internado en terapia intensiva con coma inducido. Estuvo en este estado hasta el 18 de noviembre del 2021", precisó y agregó que el cuadro se agravó "porque el señor es portador de HIV". "Se esperaba que no saliera de la terapia intensiva. La familia refiere que los médicos decían que debían prepararse para lo peor", comentó, para luego relatar que finalmente la salud del ex funcionario mejoró y que fue dado de alta del mencionado centro de salud el 29 de noviembre del 2021.
"El alta definitiva se le extendió en mayo del 2022, aunque a su edad de algo tan grave no se recupera de alguna manera", dijo al sostener que su defendido no está en condiciones físicas de aguardar el juicio en una prisión común. "Es un hombre de 68 años que está cumpliendo 69 el día 5 de agosto. Es cierto que sería menor de 70 años, pero pero está muy cerca de cumplir los 70.
Sampayo también buscó desbaratar lo expuesto por parte de la fiscalía al señalar que la responsabilidad penal de cada uno de los imputado no puede analizarse "en bloque", así como también los riesgos procesales. En ese sentido, se refirió a las supuestos "aprietes" que recibieron las personas que oficiaban de reclutadores y extractores y resaltó: "Menciona que Soiza tendría grupos para apretar, pero tampoco es que con la prisión preventiva esta situación se incumpliría, por lo tanto la prisión es inmotivada y desproporcionada, por lo que debe rechazarse".