El abogado pidio al TSJ un jury contra Juan Manuel Kess, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. Los polémicos argumentos de la prensa y la política.
El abogado Alfredo Cury tuvo varias intervenciones mediáticas.
El abogado mediático Alfredo Cury, condenado en la causa por estafa con planes sociales en Neuquén, redobló la apuesta y presentó una denuncia por mal desempeño contra los jueces que lo sentenciaron. Pidió directamente el juicio político de los magistrados ante la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento.
La presentación, dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), apunta contra Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Ignacio Guaita, el tribunal que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado provincial.
El juicio se extendió durante más de 30 audiencias y terminó con 12 condenas. El tribunal dio por acreditado que existió una maniobra de administración y cobro indebido de subsidios destinados a personas vulnerables, en un esquema que -según la sentencia- alimentó estructuras de clientelismo político.
Cury fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en ese esquema en carácter de partícipe primario. En el veredicto se señaló que, aunque enfatizó que solo se le reprochaba el cobro de entre siete y diez cheques de beneficiarios de planes sociales, ese dinero formó parte de una maniobra más amplia de extracción indebida de fondos públicos.
Planes sociales: Cury contra los jueces
El monto de esos cheques superó los 490.500 pesos, aunque Cury sostuvo que ese dinero ya había sido devuelto al Estado neuquino.
Lo que diferencia esta denuncia de una impugnación es su tono institucional y sus argumentos. Cury cuestiona que el presidente del tribunal, el juez Kees, haya hecho declaraciones de contenido “político” durante la lectura del veredicto -en la que vinculó el fin de una supuesta “hegemonía de 60 años” del MPN en Neuquén con condiciones que facilitaron la impunidad en causas anteriores.
Eso sucedió el 12 de diciembre pasado, durante la lectura del veredicto, que no erstaba completa. “Con Temux existían condiciones estructurales que favorecían la impunidad. Esa impunidad es de una época que intentamos dejar atrás. Desde 2023, con la alternancia política tras 60 años de hegemonía del MPN, estamos en un momento distinto y con legislación distinta”, dijo Kess en su momento.
Según Cury esas declaraciones excedieron la función jurisdiccional y vulneró la imparcialidad del tribunal. Señaló que posteriores declaraciones del tribunal a medios sobre el significado político de la sentencia condicionan la labor de la instancia revisora y vulneran el deber de reserva judicial.
Planes sociales: "la presión mediática"
También acusó a los magistrados de interpretar de manera errónea y descontextualizada sus declaraciones como imputado, lo que para Cury es una base falsa para construir parte de la motivación condenatoria.
El abogado sostiuvo que el tribunal deterioró de la presunción de inocencia con la exposición mediática y política del caso y destruyó su estado de inocencia ante la sociedad antes de que la sentencia fuera firme.
La denuncia sostiene que los hechos descritos no constituyen “errores judiciales” sino conductas de magistrados que habrían perdido las cualidades éticas y funcionales necesarias para ejercer justicia y que, por ello, deben ser evaluados por el Jurado de Enjuiciamiento.
Sin embargo, dentro del propio Poder Judicial hay otra lectura. Varios magistrados interpretaron que las palabras de Kees constituyeron un mensaje político dirigido al pasado institucional.
La pelea de dos jueces: qué hay de cierto
El caso tiene una arista adicional dentro del propio Poder Judicial. Carina Álvarez, jueza de Garantías que estuvo en la causa Temux (una estafa multimillonaria al Banco Provincia de Neuquén hace casi dos décadas), presentó también un reclamo formal contra el juez Kees por lo que consideró “expresiones agraviantes e injuriantes” formuladas durante la lectura del veredicto de planes sociales.
Álvarez interpretó que las referencias de Kees sobre la causa Temux -que atribuyeron una supuesta impunidad estructural a aquel período- ponían en duda su independencia y desempeño profesional. Tras una reunión sin acuerdo, elevó una nota a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia solicitando la apertura de una investigación sumaria por esas declaraciones.
Sin embargo, otros sostienen que hubo una sobreactuación en la polémica: es que el juez nunca se refirió de manera personalizada al trabajo de Carina Álvarez, ni mencionó nombres propios, y que el conflicto se amplificó más por clima interno que por contenido textual. Al menos no en la sentencia.
Kees ya había quedado en el centro de la escena meses antes por decisiones críticas hacia el sistema carcelario provincial, lo que generó malestar político e incluso con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. En ese contexto, algunos dentro de Tribunales creen que el magistrado también paga costos por su perfil confrontativo.
Cury también apunta directamente contra el juez Juan Ignacio Guaita por su antecedente laboral en la asesoría legal del espacio político de la actual vicegobernadora Zulma Reina.
Según el abogado, ese vínculo previo -sumado al contexto político que rodeó la causa- genera una duda razonable sobre la imparcialidad objetiva del magistrado. Sostiene que Guaita debió haberse excusado para evitar cualquier sospecha de condicionamiento, ya que la investigación y el juicio tuvieron un fuerte impacto político e institucional en la provincia.
En el mismo planteo, Cury incorpora declaraciones públicas del gobernador Rolando Figueroa, quien en discursos ante la Legislatura reclamó que los responsables de la maniobra “vayan presos” e incluso expresó que quería “a todos presos”.
Cury también habló de su vínculo laboral con el diputado provincial Claudio Domínguez. Explicó que trabajaba adscripto a su equipo y que esa relación era formal y conocida.
Sin embargo, sostuvo que el tribunal usó ese dato como un indicio en su contra, al asociarlo con la estructura política del Movimiento Popular Neuquino. Según el abogado, ese razonamiento es injusto: afirma que el hecho de haber trabajado para Domínguez no prueba ninguna maniobra irregular y que convertir su vínculo laboral en parte del argumento condenatorio muestra un prejuicio que afectó la mirada sobre su caso.
“La sociedad ya me condenó”
Cury, en tanto, sostiene que la exposición mediática del juicio -transmitido con alto nivel de detalle y seguimiento político- deterioró su presunción de inocencia antes de que la sentencia quedara firme. Afirma que la sociedad neuquina ya lo condenó y que el tribunal contribuyó a esa percepción con declaraciones posteriores al fallo.
El pedido de juicio político abre ahora un nuevo frente. Interpela la actuación de tres magistrados y saca a la luz una fractura interna en el Poder Judicial.
La condena todavía no está firme. Pero la batalla ya se trasladó del expediente penal al terreno institucional. Y ahí, el impacto puede ser aún mayor.
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