Planes sociales, el argumento de los jueces: "Quedó atrás la impunidad de una época y la hegemonía del MPN"

El juez Juan Manuel Kees, en la lectura del veredicto de la causa por la estafa con planes sociales, detalló uno por uno los criterios utilizados y justificó por qué algunas conductas fueron consideradas más graves que otras. Habló también de un cambio de condiciones institucionales y políticas, y hubo más caras largas entre los defensores y algo de euforia y emoción por parte del Ministerio Público Fiscal.

El juicio demandó tanto tiempo, que incluso los jueces reconocieron que hubo recarga en otros magistrados, por los reemplazos, debido a la exigencia técnica y el debate del caso, con audiencias muy largas que implicaban una atención plena, e interrupciones, con decenas de testigos.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez se emocionó y hubo un final de abrazos y lágrimas con su equipo de Delitos Económicos, las asistentes Tanya Cid y Agustina Jara. En suma, para bien o mal, se puso el caso al hombro, y llamó la atención que, otra vez, en la lectura del veredicto no haya estado presente el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Fue tal la emoción que no hizo declaraciones. "No me sale la voz", dijo.

Para ser claros, las penas que recibieron los 12 condenados no son excarcelables, aunque cuatro de ellos, se les otorgó la prisión condicional, es decir, que no cumplían la condena efectivamente en la cárcel. Y los 8 restantes, sí se consideró la prisión efectiva, pero, como es de esperar, las impugnaciones, más la sumatoria de tres condenados que ya cumplen preventiva, hace que nadie vaya hoy directamente preso. Es que hay también aspectos a tener en cuenta.

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¿Qué cambió en estos meses? Al parecer, poco y nada en lo inmediato, pero el solo anuncio de la ejecución de los fondos para la emergencia carcelaria, con la reciente obra de ampliación de la U11, con 26 plazas de alojamiento, tuvo otro impacto en los jueces.

Planes sociales, algunos planteos: "No había peligro democrático"

Este hecho puntual, sumado a otro cambio de condiciones, hizo que los jueces desestimaran el pedido de prisión en suspenso los defensores por falta de lugar en las cárceles. Eso no implica de todas maneras que empiece a cumplir algunos la prisión efectiva, porque el fallo aún no está firme.

Además, los jueces Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita hablaron de qué agravantes no se tomaron en cuenta a la hora de la sentencia de la determinación de penas y tomaron en cuenta cada uno de los casos.

Kees aclaró que el tribunal no aplicó como agravante el "desvío presupuestario", porque ya forma parte del tipo penal de administración fraudulenta. Tampoco consideraron el pedido del Ministerio Público Fiscal sobre el “peligro para el orden democrático” ni la alegada “manipulación administrativa”, al entender que ambas cuestiones son inherentes al delito mismo.

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También recordó que existen nueve condenas previas vinculadas a la causa de los planes sociales, aunque señalaron que “estas decisiones anteriores no son obligatorias para nosotros”.

El juez contextualizó la situación institucional planteada por los defensores, de tener en cuenta otro caso de corrupción donde los condenados no se les dio prisión efectiva, con el caso Temux del Banco Provincia de Neuquén, donde también se halló responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.

“Con Temux existían condiciones estructurales que favorecían la impunidad… Esa impunidad es de una época que intentamos dejar atrás. Desde 2023, con la alternancia política tras 60 años de hegemonía del MPN, estamos en un momento distinto y con legislación distinta”, dijo Kess.

Además, frente a la estrategia de las defensas de minimizar el perjuicio, Kees fue determinante. “Los defensores han tratado de minimizar el impacto económico señalando que el perjuicio era insignificante. Son 1.200 millones de pesos y para este tribunal de ninguna manera es insignificante”, dijo.

Hablaron los jueces sobre qué influyó en el fallo

Al final de la audiencia, los jueces tuvieron la deferencia de recibir a la prensa (no todos tienen esa actitud) y en diálogo con LM Neuquén Kees respondió sobre en cuánto influyó el cambio de condiciones políticas y legales en Neuquén, para analizar el contenido de fallo y el veredicto con el tribunal. "Hay algunos factores que produjeron cambios y lo explica la diferencia de Temux y esta sentencia y uno de ellos es la asunción del nuevo Código Procesal Penal. Ahora la celeridad de este proceso permite marcar una diferencia importante", dijo.

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Otra diferencia, según manifestó Kees, "puede tener que ver con la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura" y señaló que antes de ello, "el sistema de designación de jueces era muy permeable a la política", aunque aclaró: "Esa permeabilidad no es que haya desaparecido, probablemente no exista un sistema que no permita influencias, pero la integración plural permite cambios y ha tenido impacto.

En relación con la situación carcelaria, Kees dijo que "Neuquén pasó de tener el sistema, resultó con la cárcel de Senillosa y dio diez pasos atrás con el cierre del viejo complejo de la U9, esa permita y la desinversión carcelaria generó una crisis. Hasta hace pocos meses había problemas de ejecución de los fondos de la emergencia carcelaria".

Y acotó "Hemos tenido un debate a principio de año sobre este tema porque no se habían creado nuevas plazas, hace unos días se habilitó un pabellón nuevo en la U11 y la provincia anunció inversiones importantes para el 2026 y 2027 y nos vemos en la necesidad de tomarlos en consideración para responder a los planteos de los defensores que dijeron que no se puede meter gente presa en las cárceles actuales

El análisis, caso por caso para las penas de los condenados

Isabel Montoya – 3 años de ejecución condicional. El tribunal sostuvo que Montoya “actuó siempre bajo otras personas, como su pareja Sanz, y no se acreditó que se haya quedado con dinero”. Rechazaron el decomiso de un terreno porque no se probó que lo hubiera comprado con fondos de planes sociales.

Valeria Honorio – 3 años de ejecución condicional. Consideraron su situación familiar: “es madre de un niño y única adulta responsable”. También rechazaron el decomiso de un terreno y una camioneta Chevrolet Tracker porque no se acreditó el origen ilícito.

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Emmanuel Victoria Contreras – 3 años condicional. El tribunal entendió que tuvo “una participación acotada” y que “actuó en coordinación con otras personas, sin capacidad de dirigir la maniobra”. Valoraron que sostiene a dos menores.

Julieta Oviedo – 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Fue señalada como funcionaria con intervención directa: “participó claramente en toda la maniobra y en la extensión del daño”. Atenuante: no tenía antecedentes. No se valoró como atenuante que no cobrara cheques porque “no tenía que ver con su rol”.

Laura Reznik – 3 años de prisión condicional. Participación relevante en la estructura administrativa y continuidad de la operación tras la salida de Luis Gallo.

Marcos Osuna – 4 años de prisión efectiva. Kees destacó que “era quien recaudaba y distribuía los cheques” durante casi dos años. La falta de antecedentes impidió una pena aún mayor. También fue impuesta inhabilitación perpetua.

Ricardo Soiza – 5 años de prisión efectiva. El juez fue contundente: “No nos cabe ninguna duda del rol protagónico en la administración fraudulenta”. Por su edad podrá solicitar prisión domiciliaria, pero “no podemos aminorar la responsabilidad en la maniobra”. Inhabilitación perpetua.

Tomás Siegenthaler – 5 años de prisión efectiva. El juez sostuvo que “toda esta falsa contabilidad no se podía haber hecho sin él”. También recibirá inhabilitación perpetua.

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Abel Di Luca – 5 años de prisión efectiva El exministro alegó 60 años de edad para morigerar pena; el tribunal lo consideró, pero no modificó el encuadre central. Se valoró su rol jerárquico.

Luis Gallo – 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Del análisis surgió una participación “algo menor” que la de otros imputados. Señalaron problemas cardíacos previos, pero destacaron que “por el rol que asumió en el libramiento de cheques y pago a empleados, la pena es justa”.

Alfredo Cury – 3 años y seis meses años de prisión efectiva. El tribunal enfatizó que “no se trata solo de haber cobrado cuatro cheques, sino del perjuicio a personas en vulnerabilidad y de acciones destinadas a financiar un partido político”. Aunque negó ser empleado público, una testigo acreditó nueve años de labor estatal. Y agregó: “Terminó en la adscripción de un diputado que casualmente terminó liderando un grupo de líderes políticos”.

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