Juicio por la estafa con planes sociales: quiénes de los 12 condenados están más cerca de ir a la cárcel

Hay 12 condenados por administración fraudulenta en el histórico juicio por estafa con planes sociales en Neuquén. A todos, en menor o mayor grado, se les comprobó que perjudicaron al Estado provincial en más de 1200 millones de pesos, con dinero que tenían que haber cobrado (en parte) desocupados de la provincia.

Hubo un mecanismo para extraer dinero de los cajeros con tarjeta de débito de subsidiados, y cheques de Desarrollo Social que cobraban empleados, que iban a parar a una caja, como dinero negro de la política. Pero ningún actor que cobró “sobres” de una Caja Azul con esa plata está en el banquillo ni tampoco investigado. Y ahora la pregunta es si estos condenados, realmente irán presos, más allá que tres de ellos están con prisión preventiva.

A las 12.30 de este jueves, el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dará a conocer el veredicto sobre las penas que recibirán los 12 condenados por administración fraudulenta agravada, en un caso que se define como corrupción política, más allá de que no se pudo comprobar la asociación ilícita.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (2)

En la etapa de cesura, la fiscalía solicitó penas que van de los 3 a los 6 años de prisión efectiva, más la inhabilitación perpetua para cargos públicos, accesorias legales y el decomiso de bienes para algunos de los involucrados.

Planes sociales: las penas pedidas por el Ministerio Público Fiscal

Para los siete considerados coautores del fraude, el pedido fue contundente. Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), 6 años. Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial, 6 años. Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, 6 años. Luis Gallo, exdirector de Finanzas, 5 años y 6 meses. Pablo Sanz, 5 años y 6 meses. Laura Reznik, exdirectora de Finanzas, 5 años y Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, 5 años.

Para los partícipes primarios, el Ministerio Público Fiscal pidió entre 3 y 4,8 años, según el nivel de participación. Sin embargo, las defensas van en sentido contrario: reclaman condenas en suspenso, en el mínimo legal (2 años y medio), y sostienen que ninguno representa riesgo procesal. Incluso recordaron que varios devolvieron dinero o colaboraron con el proceso.

Si bien la fiscalía pidió penas de cumplimiento efectivo, hay dos factores que vuelven difícil que alguien quede detenido, apenas se conozca el veredicto, en principio, las impugnaciones. Es casi seguro que tras el veredicto habrá una batería de recursos ante el Tribunal de Impugnación. Es de esperar que esos planteos se tramiten, lo habitual es que se mantenga la libertad de los condenados.

Juicio Estafa - planes Sociales (13)

También la edad y situación de algunos condenados. Es el caso de Soiza, de 70 años, quien además ya cumple prisión domiciliaria. Aun si recibe 6 años, su condición lo coloca fuera de cualquier detención inmediata. En la práctica, incluso quienes reciban penas altas podrían no ir a prisión hasta que haya sentencia firme, un proceso que puede tomar años.

También está el caso de Marcos Osuna, quizá el más perjudicado en contexto de encierro. Nunca tuvo antecedentes y por esta causa cumplió preventiva 18 meses en una comisaría y ahora 11 meses más en su casa. A Osuna la Fiscalía le pidió 4 años y ocho meses, por lo que le quedarían poco más de un año y medio para cumplir la condena. Y si el fallo no está firme, puede decirse que cumplirá la condena en la casa.

Un fraude millonario y una trama política

La estafa, según los jueces, cometida entre septiembre de 2020 y julio de 2022, consistió en administrar y cobrar de manera indebida planes sociales mediante el uso de tarjetas de débito retenidas a beneficiarios. El monto del perjuicio al Estado provincial fue de $153.377.900, según la fiscalía, más los intereses de la tasa activa del Banco Provincia de Neuquén, que da al alrededor de 1200 millones de pesos.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (10)

El esquema incluía un reparto irregular porque el beneficiario recibía una parte del subsidio (a veces unos 49.000 pesos) y el resto -según la teoría fiscal- terminaba en manos de referentes políticos del MPN. Esto saló precisamente después de la bancarización de los planes sociales, pero se conoce que operaba desde mucho antes. De la ´poca de los "cheques globales" que cobraban funcionarios y los repartían entre los beneficiarios donde no llegaba el BPN, o para agilizar las cosas.

También había otro mecanismo, vox populi, donde algunos referentes increpan o “invitaban” a algunos beneficiarios a dar parte dele subsidio una vez que salían de cobrar del banco por ventanilla. Nada nuevo bajo el sol.

Uno de los condenados, el abogado Alfredo Cury, ofreció una declaración breve, pero polémica: “No me siento culpable… no voy a agachar la cabeza”. Afirmó que devolvió dinero, que colaboró y que lo que vivió en el proceso judicial fue “indigno y humillante”.

En tanto que el abogado de Abel Di Luca, Gonzalo Rodríguez, buscó relativizar la magnitud del daño y comparó los $153 millones con la estafa del caso Temux (en la ´poca del exgobernador Jorge Sobisch), según él “más grave” en términos relativos.

Dijo que, incluso actualizados, los montos no llegan ni al 1% del perjuicio en la causa Vialidad. También contrastó el daño con los presupuestos provinciales de esos años, sugiriendo que el impacto fue mínimo. La fiscalía, no obstante, insistió en la gravedad institucional y la necesidad de penas ejemplares.

El decomiso de bienes: ¿Alcanza?

El tribunal deberá resolver también si procede el decomiso de bienes para tres involucrados, como Néstor Sanz, uno de los coautores, Valeria Honorio e Isabel Montoya. La fiscalía sostiene que adquirieron autos e inmuebles sin capacidad económica para hacerlo durante el período investigado, aunque el tribunal ya señaló que esas inconsistencias no están plenamente probadas.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (46)

Uno de los bienes que la Fiscalía había constatado por el informe de las peritos contables fue que en un allanamiento hallaron recibos de pago de compra de un terreno (Recibo N° 9976637, de fecha 18 de julio de 2022) por la suma de USD 8.000, en concepto “Pago tercera cuota terreno”, y otro más del mismo monto por la segunda cuota.

De acuerdo al análisis, se trataba de un terreno en Fincas del Nogal y la información presentada por las peritos fue aportada por el Consorcio de Copropietarios que le dio al Ministerio Público Fiscal una copia del boleto de compraventa. El lote fue adquirido el 26 de mayo de 2022.

La operación fue perfeccionada entre Montoya y Elio Tarifeño y se pactó en USD 34.000, de los cuales USD 24.000 se iban a pagar en tres cuotas iguales mensuales y los USD 10.000 restantes mediante una entrega de un dinero y una Chevrolet Cruze, propiedad de Montoya. Pero solo fue un boleto de compraventa y no hay escrituras. Lo mismo sucede con el intento de decomiso de vehículos. Al final, será poco lo que puedan decomisar.

La audiencia de este jueves será fundamenta, pero no definirá el cierre de la historia de los planes sociales. Habrá veredicto con penas, sí, pero difícilmente haya presos inmediatos.

El impacto político, en cambio, sí será inmediato porque se trata del caso de corrupción más importante de los últimos años en Neuquén. Quedará la pregunta para después del veredicto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que este fallo quede firme?