La fiscal Rocío Rivero pide una audiencia contra el presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas y diez integrantes. El caso más avanzado es el de La Meseta.
La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Rocío Rivero y bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, formalizó el pedido de audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y diez integrantes más de la comisión directiva de la Cooperativa 127 Hectáreas. Es por la causa de La Meseta, de aquellos terrenos en el medio de la nada.
Están sospechados de haber cometido estafas reiteradas. El escrito ingresó minutos antes de las 13 horas de este último miércoles (último día hábil previo a la feria judicial), por lo que la audiencia se estima para fines de agosto, según dieron a conocer desde la defensa de los perjudicados, con el abogado Mariano Mansilla.
Se trata, vale aclararlo, de imputaciones que todavía deben ventilarse en una audiencia y que gozan de la presunción de inocencia; por ahora son sospechas fiscales construidas sobre la base de denuncias, allanamientos y documentación secuestrada, no una sentencia. No obstante, hay una embestida contra Salas, en la previa al juicio. Hace unos días, un equipo de Canal 13 del programa Telenoche arribó a Neuquén y ventiló los detalles de la acusación. Salas dio la cara, aunque solo para los medios nacionales, que no lo dejaron bien parado.
La causa se originó a partir de las denuncias presentadas por 340 socios que dijeron haber sido víctimas de distintas maniobras fraudulentas.
En mayo de 2025, la Fiscalía había avanzado con allanamientos en la sede de la cooperativa y en los domicilios de Salas y de otros miembros de la comisión directiva, donde se secuestraron computadoras, teléfonos y documentación.
Dentro del expediente general, la línea de investigación con mayor desarrollo es la conocida como La Meseta. Según sostiene la hipótesis fiscal —aún no probada en juicio—, las casi 400 familias habrían sido inducidas a adquirir terrenos bajo la promesa de acceder a lotes con servicios en un sector que, de acuerdo con la acusación, presentaba limitaciones para su urbanización por tratarse de tierra fuera del ejido municipal y sin factibilidad legal ni técnica.
Se trata de un predio ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, en plena estepa, sin agua, sin luz y sin acceso pavimentado: tierras fiscales que hasta entonces ocupaban crianceros de la zona entre Neuquén, Plottier y Centenario, y que la cooperativa adquirió, según su propio relato institucional, para lotear y distribuir entre sus asociados.
La defensa de Salas, por su parte, sostuvo en presentaciones anteriores que existía un compromiso municipal para urbanizar la zona una vez ampliado el ejido urbano, y que por lo tanto no habría existido engaño.
Uno de los datos más llamativos de todo este proceso es que, pese al cúmulo de denuncias, allanamientos y ahora el pedido de formulación de cargos, el gobierno provincial no consiguió avanzar administrativamente contra Salas.
Un grupo de damnificados había solicitado la intervención de la cooperativa ante la Dirección de Personas Jurídicas, dependiente del ministro Jorge Tobares, pero el pedido fue rechazado. Según trascendió, la decisión se basó en los propios balances presentados por la cooperativa —los mismos que, según cuestionaron los damnificados, "el directorio elegía qué información poner y cuál no", sin incluir, por ejemplo, los aportes extra que se les pedía a los socios para "mejorar su posición" en la lista de espera.
El resultado es una contradicción que los querellantes señalan seguido. La justicia penal avanza hacia una eventual audiencia de formulación de cargos, en el plano administrativo, Salas sigue al frente de la misma estructura que hoy está bajo sospecha, sin que el Estado provincial haya logrado siquiera revocarle la personería jurídica a la cooperativa.
El caso de La Meseta es apenas una de las líneas abiertas contra Salas y su entorno. Las causas que lo tienen como sospechado se agrupan en al menos cuatro expedientes: el propio Loteo La Meseta, y los denominados Coneu, Futuros Desarrollos y Sirena Unificada, este último vinculado a la venta de dúplex en pleno centro de la ciudad que, de acuerdo con denuncias de damnificados, habrían sido comercializados varias veces a distintas familias.
Salas, que fue funcionario del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y llegó a ocupar la Dirección de Hábitat y Urbanismo de la provincia —cargo del que se alejó en febrero de 2025—, construyó su liderazgo en la Cooperativa 127 Hectáreas desde la crisis de 2001, primero como dirigente social y luego como referente de la organización que se presentaba como garante del acceso a la tierra para cientos de familias neuquinas.
En febrero de este año la Fiscalía dio por cerrada la instancia de mediación entre la cooperativa y los damnificados, luego de que la conducción no presentara ninguna propuesta de devolución de dinero ni plazos concretos. Ese cierre dejó despejado el camino hacia el pedido de formulación de cargos que ahora se formalizó, en paralelo a las demandas civiles por daños y perjuicios que impulsan embargos sobre bienes del entorno de Salas.
La representación de los damnificados quedó a cargo del Estudio Jurídico Mariano Mansilla y Asociados, que confirmó el pedido de formulación de cargos y adelantó expectativas de que la audiencia se concrete en los próximos meses.