La Comisión Especial declaró inadmisible el jury a Andrea Di Prinzio, pero el Jurado de Enjuiciamiento tiene la última palabra. Horas decisivas.
Hay una empleada del Poder Judicial de Neuquén que dejó de amamantar a su bebé por los reproches diarios de su jefa. Hay otra que salía llorando al baño después de ser insultada frente a sus compañeras. Abogadas que fueron humilladas delante de sus propios clientes. Y decenas de trabajadores que pedían traslados urgentes con una sola explicación: “No aguanto más estar acá”.
Todos trabajaban bajo las órdenes de la jueza Andrea Di Prinzio, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, con sede en Junín de los Andes. Y todos, tarde o temprano, terminaron declarando ante la justicia.
Ahora, después de más de un año de denuncias, sumarios y expedientes acumulados, el destino de la magistrada se define en las próximas horas. La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, integrada por Soledad Gennari, el diputado Ernesto Novoa, Manuel Fuertes (es el secretario) y Cristina Maset, habría dictaminado la inadmisibilidad del juicio político.
Sin embargo, ese dictamen no es vinculante. Es el pleno del Jurado de Enjuiciamiento quien tiene la última palabra, y puede ratificar o rectificar lo resuelto por la Comisión. El proceso está abierto y las horas que vienen son decisivas.
La historia viene desde hace tiempo. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) comenzó a registrar situaciones de violencia en el juzgado, pero las víctimas no se animaban a denunciar. El miedo era muy grande porque la jueza manejaba mucho poder.
Ese poder, según los testimonios reunidos en la investigación sumaria del Ministerio Público Fiscal, rompía la barrera de lo institucional, en el escala de jerarquías respetables en el Poder Judicial. Era también simbólico y amenazante.
En entrevistas personales y a solas con quienes trabajaban bajo su mando, Di Prinzio les decía: “Soy así, si no les gusta mi forma se van”.
Y agregaba que tenía respaldo del Tribunal Superior de Justicia, del Colegio de Abogados de Neuquén y del gobierno provincial y que sería la primera en enterarse de cualquier denuncia.
También les advertía que era "amiga de la auditoría", el mismo organismo que hoy la investiga.
Con ese telón de fondo, los años pasaron. Los pedidos de traslado se multiplicaban como así también las licencias psicológicas. Tampoco nadie hablaba fuerte del tema, no hacían olas.
Pero ese cerco donde nadie podía decir nada (como sucede en muchos ámbitos laborales) cambió de repente en julio de 2025.
Di Prinzio maltrató a una secretaria a través de gritos que se escuchaban hasta el pasillo durante toda la jornada laboral, hasta que sus compañeras intercedieron y le exigieron que cesara.
Ese episodio desencadenó una asamblea en el Juzgado de Familia el 22 de julio, con participación de la conducción del Sejun, que tuvo repercusión pública en toda la Cuarta Circunscripción Judicial. Se pegaron afiches y el caso salió a la luz. Usuarios del servicio de justicia, y abogados particulares empezaron a contactarse con el sindicato para reportar sus propias experiencias de maltrato.
Poco después, Di Prinzio fue enviada a licencia psicológica. Y fue entonces cuando las compuertas informativas se abrieron del todo. Al ver que la jueza no estaba en el lugar de trabajo, quienes habían callado por años se animaron por fin a hablar.
El 8 de agosto de 2025, Sejun presentó la denuncia formal ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Se abrió un sumario administrativo y la Auditoría General comenzó a tomar testimonios videofilmados.
El resultado fue sistematizado por el Ministerio Público Fiscal en un dictamen que describe, con nombres y detalles, lo que ocurría puertas adentro del juzgado.
Más de 20 personas , empleados administrativos, funcionarios, profesionales del equipo interdisciplinario, abogados de la matrícula y usuarios, aportaron su testimonio sobre situaciones de violencia que se extendieron durante 15 años.
Según el dictamen fiscal, Di Prinzio gestionaba el juzgado como si fuera su propio estudio jurídico. A signaba al personal tareas ajenas a la función judicial, manejaba los recursos de manera discrecional y ejercía un liderazgo “autoritario, hostil y despectivo”.
Además, brindaba trato preferencial a determinados profesionales del Fuero de Familia, demorando deliberadamente los expedientes de quienes no consideraba parte de su círculo.
Los testimonios registran un vocabulario de degradación sostenida. Varios declarantes coincidieron en que la jueza se refería al personal del juzgado como “hormigas” y “esclavas”.
A una funcionaria que pidió traslado a otra dependencia la llamaba “traidora”, “vaga” y “desagradecida”. A una colega que trabajaba con la puerta cerrada la apodaba “cucaracha” porque no salía del despacho. Al revisar una resolución de una de las operadoras, fue escuchada decir en voz alta: “Esta es una pelotuda, ¿cómo va a hacer esto?”
Las humillaciones también tomaban formas más íntimas y degradantes. A una empleada le señaló que estaba vestida “muy informal” para el trabajo. A otra le reprochó el color de su piel, diciéndole que “no daba venir así al juzgado, tan blanca, mirá si venía alguien de la Cámara”.
Pero el episodio que más impacto generó en el expediente es el de una funcionaria que declaró con evidente angustia que Di Prinzio la cuestionaba reiteradamente por sacarse leche durante su período de lactancia. Las críticas fueron tan persistentes y humillantes que la llevaron a dejar de amamantar a su bebé.
El dictamen fiscal concluye que el personal del juzgado, de la Oficina de Violencia y del equipo interdisciplinario asistía a trabajar con temor ante las posibles reacciones de Di Prinzio. Ese miedo se traducía en malestar crónico, angustia permanente y, en varios casos, ataques de pánico.
El director de Gestión Humana del Poder Judicial, Ramiro Flores, declaró que recibía de manera sostenida pedidos de traslado de empleados que le explicaban con pocas palabras: “no aguanto más estar acá”.
Agregó que la línea de coincidencia entre todos los testimonios lo llevaba a concluir que las denuncias de maltrato eran reales. Muchas de las afectadas terminaron haciendo uso de licencias psicológicas, cuyos registros constan en la Dirección de Salud Ocupacional del Poder Judicial, o solicitaron concursos y traslados para escapar de la situación.
El maltrato no se quedaba dentro de las oficinas. Varios testigos declararon que Di Prinzio les gritaba a los abogados durante las audiencias. Una letrada afirmó que la magistrada la descalificó frente a su propio cliente.
En otro episodio registrado en video, la jueza continuó propinándole gritos a un empleado incluso después de que este se retiró del lugar.
El equipo interdisciplinario tampoco estuvo exento. En el marco de un concurso de ingreso de psicólogas , en el que dos licenciadas integraban la mesa examinadora junto a Di Prinzio, la jueza se enojó porque una aspirante allegada a ella no alcanzó el puntaje para pasar a la instancia oral.
Su reacción fue increpar a las profesionales y decirles que “necesitaba gente que laburara, no como ellas que vivían de licencia”.
Los casos de destitución de magistrados por violencia laboral en la provincia son escasos. En 2013, la Corte Suprema confirmó la remoción de la jueza Graciela Rossi de Chos Malal, tras una denuncia del SEJUN.
En 2023, fue destituido el juez Sebastián Andrés Villegas de Rincón de los Sauces por acosar a una funcionaria. Si el proceso avanza en el Jurado de Enjuiciamiento y concluye con la remoción de Di Prinzio, sería el tercer caso en la historia neuquina en que un juez pierde su cargo por violencia laboral. Pero no todo está dicho.