Presentaron más de 20 denuncias contra una jueza por violencia laboral: hay licencia y sumario

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) presentó una denuncia al Tribunal Superior de Justicia contra la jueza Andrea Di Prinzio. Se hizo alusión reiteradas conductas de maltrato y violencia laboral que, según detallaron, viene ejerciendo desde hace años con el personal a su cargo e incluso a los usuarios del Juzgado de Familia de Junín de los Andes.

"Había situaciones de violencia laboral de parte de esta funcionaria, no solo hacia empleados funcionarias, profesionales de equipo interdisciplinario y auxiliares, sino también usuarios que iban a hacer trámites al juzgado a cargo de ella", informó Claudio Salazar, secretario general de SEJUN en diálogo con LMNeuquén.

El registro de situaciones de violencia comenzó desde que asumieron como conducción del gremio en el 2022, aunque las víctimas no la denunciaban formalmente. "El tema es que en ese momento intentamos recabar más información, si alguno podría profundizar en denuncias, pero nos encontramos que no porque evidentemente el miedo era muy grande, esta jueza manejaba mucho poder".

jueza di prinzio denuncia sejun

Las denuncias que impulsa SEJUN a la jueza Di Prinzio incluyen violencia laboral e irregularidades en la función pública.

Pero alrededor de un mes atrás, una situación particular de violencia laboral fue la gota que rebalsó el vaso. La mayoría de los empleados del Juzgado fueron testigos y no se quedaron callados.

Iniciaron un sumario por las denuncias de violencia laboral a la jueza

"Esta jueza realizó maltratos a una secretaria a través de gritos que se escuchaban hasta el pasillo durante toda la jornada laboral hasta que las compañeras intercedieron y le dijeron que cesara en esa actitud de violencia y maltrato", indicó Salazar.

Esa reacción por parte de los trabajadores judiciales suscitó la realización de una asamblea en el Juzgado de Familia el 22 de julio con la participación de la dirigencia gremial que tuvo repercusión pública en la Cuarta Circunscripción.

A partir de la señalización con afiches y la denuncia pública, el caso tomó mayor dimensión: usuarios y abogados particulares con diversos trámites en el Juzgado de la magistrada se contactaron con SEJUN para dar cuenta de diversas situaciones que exponían el mal desempeño de la función pública.

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Si bien no se habían formalizado las denuncias, por distintas vías llegaban al sindicato denuncias y eso desembocó en la licencia psicológica a Di Prinzio. De esta manera, se hizo un espacio más amigable para la exposición de las víctimas. "Como ven que la jueza no está en el lugar de trabajo, se animaron a hablar", afirmó Salazar.

De esta manera, con la información que recibieron el 8 de agosto pasado, SEJUN presentó la denuncia al presidente del Tribunal, y se canalizó a través de un sumario administrativo que avanza con la recolección de las pruebas "más que suficientes", según aseguraron. "Se están tomando testimoniales a las personas que aportamos a la auditoría a cargo de Leandro Elosou Larumbe, y a través del protocolo de violencia se canalizan situaciones", resumió Salazar.

Se trata de más de 20 personas que han aportado testimonio de la violencia y maltrato que sufrieron en 15 años. Consultado acerca de los episodios, precisó que hubo "de todos los órdenes", con compañeras administrativas y funcionarias que contaban lo inútil que las hacían sentir. "Estas personas desmerecen trabajo, ponen en duda tu capacidad técnica mermando tu autoestima y esos casos llegan a licencias psicológicas, es decir, canalizaban de forma personal", indicó Salazar.

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Además, frente a la sobrecarga, manejos discrecionales en la distribución y delegación de tareas, y recurrentes cambios de humor que generaban un ambiente laboral tóxico, indicaron que las víctimas recurrían a traslados a otras localidades para escapar del maltrato, mientras otros rendían examen y se mudaban. Aseguran que las maniobras estaban precedidas de licencias psicológicas que constan en la Dirección de Salud Ocupacional.

De acuerdo a la denuncia, en entrevistas personales, a solas con las víctimas de ese maltrato, la jueza Di Prinzio les refería: “soy así, si no les gusta mi forma se van”, “cuidado con lo que salen a decir, tengo banca del tribunal, del Colegio de abogados y del gobierno, y la Oficina de Violencia de Junín y San Martin, voy a ser la primera enterarme”.

"También les decía que era amiga de auditoría, que ahora es está investigándola", indicó Salazar, que además explicó que se acumulan denuncias de violencia laboral, si no otro tipo de irregularidades. "Di Prinzio tenía un trato preferencial con un grupo de amigos del fuero de familia y a los que no consideraba sus amigos, esos trámites demoraban mucho más", explicó el secretario general.

La expectativa de enjuiciamiento hacia la destitución de la jueza

A raíz de la licencia de la jueza a cargo del Juzgado de Familia de Junín de los Andes, el clima laboral es tranquilo, aunque reina la incertidumbre, por eso, desde el sindicato expresaron que quieren llevar tranquilidad a los que aún están trabajando a su cargo mientras el sumario avanza.

"Hay pruebas más que suficiente para un jurado de enjuiciamiento, es el remedio procesal para separar a los jueces de su cargo", consideró Salazar luego de un plenario de conducción y delegados donde anunciaron las definiciones sindicales respecto al caso.

Los antecedentes de destitución de jueces y juezas por violencia laboral son contundentes, aunque no abundan. En 2013, la Corte Suprema confirmó la destitución de la jueza Graciela Rossi de Chos Malal, a raíz de una denuncia de SEJUN. Luego, en 2023, se concretó la destitución del juez Sebastián Andrés Villegas de Rincón de los Sauces. La posible destitución de Di Prinzio podría ser el tercer antecedente de que un juez sea separado de su cargo por violencia laboral.