El pedido lo hizo la Corporación Minera del Neuquén a la Justicia. Si sale, el gobierno provincial podría avanzar en una nueva licitación pública.
A fines del año pasado, el Estado provincial demandó a la empresa -Trident Southern Explorations SRL.- que abandonó el proyecto de explotación sobra una mina de Andacollo, en el norte neuquino. Además, no cumplía con el pago del canon por más de 1.700.000 dólares, ni pagaba salarios. La falta de inversión y producción contemplados generó las condiciones para exigir el fin del contrato.
La causa judicial iniciada siguió su derrotero y en los últimos días arrojó novedades. Ahora, la Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) solicitó al Juzgado Comercial 23 de la Nación, a cargo de la jueza subrogante María Soledad Casazza, que decrete la quiebra de la empresa Trident Southern Explorations SRL. El objetivo del Ejecutivo provincial es recuperar la mina y poder avanzar en una nueva licitación pública nacional e internacional.
El proyecto minero se encuentra abandonado por parte de la concesionaria desde el año 2020 y el concurso preventivo, que fue prorrogado 72 horas este viernes, no presenta avances.
Al respecto, el presidente de Cormine, Mariano Brillo, sostuvo que “hace cuatro años que la mina está sin funcionar, porque la empresa abandonó todo. Pasó mucho tiempo y hoy por hoy tenemos la decisión del gobernador -Rolando Figueroa- de defender los intereses de Neuquén. Por ese motivo solicitamos a la jueza que decrete la quiebra de esta empresa para que Cormine, que es el titular de la mina, la recupere”.
Explicó que actualmente se encuentra vigente el concurso preventivo de Trident, pero cuestionó que esta situación se extendió de los plazos habituales que llevan estos procesos. Explicó que existe una empresa interesada en realizar un rescate de la firma, pero aseguró que esta situación “lleva alrededor de dos años, sin avances. La empresa cramdista -rescatista- tiene que adquirir un porcentaje de todos los acreedores que se presentaron en el concurso y en este tiempo no lo ha logrado, pero lo sigue extendiendo”.
En ese contexto, detalló que este viernes se cumplió un plazo de 20 días que la jueza había otorgado a la empresa interesada en el rescate, para que presente su oferta, y este plazo se prorrogó nuevamente por 72 horas.
Brillo explicó que esta firma “no ha tenido contacto con la Provincia y la Fiscalía de Estado ha presentado hoy un escrito en este sentido. Desde Cormine, solicitamos a la jueza que, pasado tanto tiempo, y con tantos incumplimientos, se defina la quiebra para que podamos recuperar la mina”.
Apuntan a una nueva licitación
El presidente de Cormine adelantó que el objetivo final del Gobierno provincial es preparar una nueva licitación pública, nacional e internacional: “El gobernador lo que nos pidió es transparencia y un llamado a licitación pública nacional e internacional con las mejores empresas mineras del mundo”, aseguró.
Amplió que “buscamos que se presenten las empresas más serias, las que tengan mayor respaldo, las que sepan de minería, las que conozcan, las que tengan antecedentes. No cualquier empresa que quiera para hacer un negocio minero”.
Antecedentes
En enero de 2017 Cormine concedió los derechos de explotación de oro y plata, en el norte neuquino, por contrato de usufructo minero a la empresa que luego de un proceso de inversión en el desarrollo de infraestructura ingresó, en mayo de 2020, en concurso de acreedores y abandonó el proyecto minero. Tras una medida cautelar judicial, Cormine se ocupa desde entonces de las tareas de mantenimiento y seguridad del proyecto con personal propio.
En agosto de 2020, el Juez interviniente en el concurso de acreedores, en contra de lo solicitado por CORMINE, decidió la continuidad del contrato de usufructo minero a pesar de que Trident había abandonado su explotación y los compromisos asumidos con el Estado y los trabajadores.
"Tras casi cinco años de intervención judicial, la provincia busca dar un cierre definitivo a este conflicto, como parte de una política que busca poner orden en el Estado y realizar una distribución eficiente de los recursos", informó el gobierno provincia, desde donde se precisó que desde mayo de 2020 fueron 207 los trabajadores que perciben una ‘asignación familiar de emergencia’. En tanto, durante 2024 ese número se redujo a 138 trabajadores, gracias a distintas gestiones y reubicaciones en proyectos productivos en la región del Alto Neuquén.
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