Los Paichil Antriao pelean en dos frentes a la vez. En la OEA en Washington y en el juzgado federal de Zapala. Ultimátum para resolver el conflicto en un mes.
El conflicto por el camping del Lago Correntoso y otros en Villa La Angostura, entraron en otra dimensión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reactivó el caso 14.041 contra Argentina y le advirtió a la comunidad mapuche Paichil Antriao que si no recibe respuesta en un mes podría archivar el expediente.
Es una oportunidad para que el Estado Nacional y Provincial se sienten en una mesa y le den una solución integral a los conflictos de manera "amistosa", como lo propone el organismo internacional.
La notificación es del pasado 24 de abril y dirigida a los peticionarios, la propia comunidad, la Confederación Mapuche, y los abogados Verónica Huilipan, Juan Manuel Salgado y Luis Virgilio Sánchez, llegó el mismo día en que el Juzgado Federal de Zapala emplazaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a dar explicaciones por la misma causa.
Es la acumulación de una disputa que lleva más 15 años sin resolverse. La comunidad Paichil Antriao tiene al menos diez conflictos territoriales en Villa La Angostura, tanto con el municipio local como con particulares en disputa de tierras.
El más resonante es el del camping del Lago Correntoso, a cuatro kilómetros del centro del pueblo por la Ruta 40, que el municipio reclama como propio y la comunidad reivindica como territorio ancestral.
La comunidad reclama 91,63 hectáreas como tierras de ocupación actual, tradicional y pública, avaladas en su momento por la provincia bajo el marco de la Ley 26.160.
Esa norma, que suspendía los desalojos en territorios indígenas mientras se realizaba un relevamiento técnico, fue derogada por el gobierno de Javier Milei. Pero el relevamiento ya estaba hecho y la cartografía había sido enviada por el gobierno provincial al INAI en diciembre de 2023, con los trabajos de campo, informes antropológicos y planimetría finalizados.
Sin embargo, quedó sin resolución ni firma de los funcionarios nacionales.
Claudio Avruj, designado presidente del INAI por decreto de Milei en abril de 2024, salió a cuestionar el relevamiento con el argumento que presentaba “irregularidades e inconsistencias” y que no estaría terminado. La comunidad y la provincia sostienen lo contrario.
El respaldo provincial también responde a una denuncia internacional. Según el aval emitido por la provincia, el relevamiento forma parte de las acciones requeridas en la causa ante la CIDH.
Ante el silencio del INAI, la comunidad tomó dos caminos simultáneos. Por un lado, reactivó el caso ante la CIDH y por otro, presentó una acción de amparo por mora en el Juzgado Federal de Zapala, donde acusó directamente a Avruj de tener “retenido el proceso administrativo por una cuestión política y racista”.
El pasado 26 de marzo, el juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani dio inicio formal al expediente y el 24 de abril (el mismo día que llegó la notificación de la CIDH) el juzgado libró un oficio al INAI emplazándolo a presentar en cinco días un informe sobre los antecedentes de la demora, indicar cuándo dictará la resolución pendiente y ofrecer prueba. La diligencia quedó a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez.
Avruj ya revirtió resoluciones de reconocimientos territoriales en Mendoza y Río Negro. En este caso, sin embargo, ya no tiene esa posibilidad porque el asunto salió de la esfera de control nacional.
El abogado de la comunidad fue preciso al evaluar el escenario. “Entiendo que es una oportunidad para que el Estado Nacional y Provincial se sienten en una mesa y le den una solución integral a los conflictos”, dijo a LM Neuquén.
Y agregó: “La CIDH no abre un caso para rechazarlo. Si lo abre, lo más probable es que falle contra el Estado Nacional".
La advertencia apunta directo al funcionario nacional que “va a tener que sacar la carpeta de relevamiento territorial del cajón, si no quiere seguir socavando los vínculos entre el Estado y las comunidades mapuche”.
No hay que descartar, de todos modos, que la administración Milei cuestione a la CIDH, así como lo hizo con la Organización Mundial de la Salud.
La CIDH también habilitó la vía de una solución amistosa entre las partes. No sería el primer intento ya que en años anteriores el municipio y la comunidad estuvieron cerca de firmar un acuerdo que contemplaba el uso compartido del predio como balneario público, con la comunidad administrando servicios comerciales. El entendimiento naufragó en el Concejo Deliberante.
La comunidad acudió a la CIDH por primera vez en enero de 2010, cuando su espacio estaba rodeado por fuerzas especiales de la policía provincial para ejecutar un desalojo sin orden judicial.
Desde entonces permanece vigente una medida cautelar en su favor. Han pasado 16 años. El caso del camping y los demás conflcitos siguen sin resolución.