El gobierno de Javier Milei negocia con la oposición cambios drásticos en la legislación. Las provincias podrían tener un papel central y la iglesia católica de la provincia encendió alarmas.
El pasado viernes 24 se expuso en el Senado una investigación elaborada por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a compañías o estados extranjeros.
El informe contradice el argumento del gobierno nacional de que ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido en la actual Ley de Tierras Rurales. Al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden y menciona como casos críticos al departamento Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%.
Precisamente en el Senado, el gobierno nacional sigue buscando el apoyo necesario, que de momento no tiene, para avanzar con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone eliminar los límites federales actualmente vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. No obstante, las comisiones de Asuntos Constitucionales (que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez) y la de Legislación General consiguieron el dictamen para su tratamiento en el recinto el pasado 20 de mayo.
Aunque el proyecto contiene reformas sobre expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y territorios afectados por incendios, uno de sus puntos más controvertidos es la modificación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Precisamente, esa norma establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal o departamental.
Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30%. La norma también limita a mil hectáreas la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero en la zona núcleo agropecuaria, o su equivalente en otras regiones.
Además, restringe la compra de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de determinadas propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
El proyecto del Gobierno elimina estas limitaciones para las personas y empresas privadas extranjeras. El dictamen alcanzado en el Senado incorporó una modificación para que cada provincia pueda establecer sus propias regulaciones, autorizar operaciones o prohibirlas dentro de su jurisdicción.
La oposición al proyecto libertario tuvo en Neuquén a la Iglesia católica como una de sus principales expresiones. El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) y el Equipo Diocesano de Pastoral Social de la diócesis de Neuquén expresaron su "profunda preocupación" y su "firme rechazo" al proyecto, al considerar que implica "un grave retroceso para la soberanía territorial argentina" y una amenaza para los bienes comunes.
Mediante un comunicado conjunto difundido el martes 28 de julio, ambas pastorales sostuvieron que la iniciativa, que se debate en el Congreso, trasciende el ámbito de las comunidades indígenas y de los pequeños productores rurales, ya que sus consecuencias afectarían a toda la sociedad.
"Está en juego el futuro de nuestro territorio, el acceso al agua, la producción de alimentos, la preservación del ambiente y la capacidad del Estado de proteger recursos estratégicos que constituyen el patrimonio de la Nación", señalaron.
En el documento, las pastorales remarcaron que la tierra rural "no puede ser considerada exclusivamente una mercancía sometida a las reglas del mercado", sino que constituye el sustento de la vida, la base de la producción de alimentos y un recurso estratégico para la soberanía nacional.
El documento tuvo, además, como destinatarios a los legisladores nacionales para que rechacen toda iniciativa que facilite la concentración y extranjerización de las tierras rurales y debilite las herramientas de protección del patrimonio territorial argentino.
También invitaron a los gobiernos provinciales y municipales, instituciones educativas, organizaciones sociales “a comprometerse con la defensa de la soberanía nacional, el ambiente y los bienes comunes”.
Según el Observatorio de Tierras del Conicet, Estados Unidos encabeza el listado de nacionalidades con mayor superficie rural en Argentina, con alrededor de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen propietarios de origen italiano y español. No son cifras menores a la hora de calibrar la hondura de la reforma que pretende llevar adelante el gobierno nacional con apoyo de las provincias.