Los compradores denunciaron a los ocupantes del barrio por contaminación, pero la multa les llegó a los denunciantes porque la parcela está registrada a su nombre. Los detalles.
El conflicto continúa entre los habitantes del sector Orillas del Limay y la familia Alric, que compró el lote frente al río Limay en una subasta y busca desalojar a los ocupantes. Mientras los pobladores aseguran que las tierras les fueron cedidas por el dueño anterior y fueron sumando más viviendas por la ampliación de sus familias, los compradores señalan que se subdividen y venden parcelas de forma irregular, y que los multan a ellos por la contaminación de los ocupantes.
En Orillas del Limay ya viven 200 familias. El terreno de seis hectáreas ubicado entre Tronador, Linares y Paimún, justo al lado del camping UNIPOL, ya muestra diferentes construcciones y comercios, pero los Alric, que compraron la tierra en una subasta en 2015, aclararon que esos ocupantes no tienen título de propiedad ni permiso para construir o hacer cambios en esa tierra.
Por su parte, los vecinos del sector salieron a defenderse. "No somos una toma", aseguraron a LM Neuquén. Y agregaron que muchos viven allí desde que nacieron, cuando esas tierras eran una zona olvidada: un área inundable y de vegetación exhuberante en la que nadie se fijaba. Sin embargo, la inauguración del Paseo Costero del Limay les dio otra visibilidad y, con ella, los reclamos de los compradores, que exigen a la Justicia la restitución de los terrenos.
Pablo Valenzuela, abogado de los Alric, explicó a LM Neuquén que presentaron denuncias formales y solicitudes de inspección a la Municipalidad de Neuquén. Sin embargo, el resultado fue -por lo menos- inesperado.
"La Municipalidad realizó una inspección el 14 de abril de 2023 y constató, entre otras irregularidades, construcciones sin permiso ni planos registrados, falta de permiso de demolición, ausencia de medidas de seguridad, ocupación de la vía pública e incumplimiento de una clausura", señaló el letrado.
"Como consecuencia, el Tribunal Municipal de Faltas dictó sentencia el 5 de febrero de 2025, impuso una multa de $6.440.000 más $322.000 en costas y ordenó mantener la clausura hasta la presentación de los planos y permisos correspondientes", dijo y aclaró que "la sanción y la multa implicaron al señor Alric".
Para el representante legal de los compradores, el fallo del Tribunal parece propio del "mundo del revés", porque los mismos denunciantes fueron sancionados, ya que son ellos los que ostentan la titularidad de las tierras.
Desde el otro lugar, también los habitantes del barrio sufren por la falta de sentencia en el conflicto por la titularidad de los terrenos. Los vecinos se organizaron para solicitar a la cooperativa CALF un plan de regularización del servicio de electricidad, ya que suelen sufrir accidentes cuando los cables de luz de las conexiones clandestinas se incendian.
Alejandra, una de las referentes del barrio, explicó a LM Neuquén que tuvieron buena predisposición de las autoridades de CALF. Sin embargo, todavía no pueden avanzar con la instalación del servicio porque no son titulares de las parcelas.
Aclaró que muchos recibieron las tierras por cesiones del dueño original de la parcela, que la utilizaba como una cantera, mientras que otros ocuparon parte de los lotes donde vivían sus familiares o compraron una fracción con la ilusión de que la situación judicial iba a resolverse pronto.
Desde su posición, Pablo Alric sigue presentando denuncias para exigir la restitución del terreno. En marzo de 2021 señaló a uno de los pobladores como el presunto responsable de vender fracciones del inmueble sin ser propietario. En 2023 presentó otra denuncia por las modificaciones y nuevas construcciones en el predio.
Y su última visita a la Justicia fue en marzo y abril de 2026, cuando "reiteró la existencia de construcciones y asentamientos sin autorización, denunció nuevas ventas ilegales de parcelas y puso en conocimiento el funcionamiento, dentro del inmueble, de un local bailable denominado “La Colmena”, cuya habilitación también pidió investigar".
"La documentación demuestra que no se trata de un reclamo reciente ni aislado: durante años se realizaron presentaciones policiales, judiciales y administrativas para impedir nuevas ventas, construcciones y ocupaciones. Sin embargo, mientras el proceso de desalojo continúa en trámite, la situación denunciada se habría agravado, aumentando la cantidad de ocupantes y dificultando progresivamente la recuperación efectiva del inmueble", aseguró el abogado.
Sin una sentencia judicial, el conflicto persiste y paraliza tanto la planificación de los compradores, que llevan años sin poder hacer uso del inmueble, como de los habitantes del barrio, que no pueden regularizar su situación ni acceder a los servicios esenciales para garantizarse una buena calidad de vida en el lugar.