Así lo refleja del informe del secretario de la cartera educativa de la Nación en la defensa del presupuesto 2027 para el sector. “El panorama es crítico”, señaló Carlos Torrendel.
Durante su defensa del presupuesto previsto para el 2027, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, trazó esta semana un panorama incómodo para las provincias a las que atribuyó indirectamente el peso de la culpa por indicadores que no satisfacen al gobierno libertario.
Algunas de sus definiciones, durante su intervención ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, fueron:
Con su exposición, el funcionario tiró todo el peso de los problemas en el sector a las provincias; no realizó, en cambio, autocrítica respecto de la reducción real de partidas, la subejecución de programas nacionales o el impacto de la quita de fondos en el sistema educativo nacional y provincial desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
Por el contrario, la intervención del funcionario nacional estuvo orientada de manera exclusiva a justificar el esquema presupuestario actual y proyectado, sosteniendo que la restricción de recursos no constituye un "ajuste", sino una reforma estructural de eficiencia y cambio de paradigma.
Un reciente informe de la Fundación Argentinos por la Educación señaló que la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, estableció que la inversión educativa consolidada —Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires— debía representar como mínimo el 6% del PIB. Desde entonces, esa meta se alcanzó una sola vez, en 2015, y a fines de 2025 el Congreso derogó ese artículo, con vigencia a partir del ejercicio 2026.
El presupuesto nacional, destaca el informe, es solo una parte de esa inversión: las provincias concentran alrededor del 75% del gasto público en educación, mientras que la Nación financia sobre todo las universidades nacionales y los programas de alcance federal.