La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó a la Municipalidad a operar un radar en una ruta nacional. En qué tramos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) homologó un radar de velocidad y un detector de infracciones en la Ruta Nacional 237, a la altura de Piedra del Águila, y habilitó al municipio a ponerlos en funcionamiento. Es una zona donde hay accidentes de manera frecuente.
La medida, formalizada mediante la Disposición 262/2026 y firmada el 21 de agosto por el director ejecutivo del organismo, Francisco Díaz Vega, responde a un pedido que había hecho el propio municipio neuquino.
La autorización llega en un momento particular: en el resto de la provincia, los radares de las rutas provinciales están apagados desde 2024, frenados por una ley que todavía espera su reglamentación.
La disposición homologa dos dispositivos, instalados a poco más de un kilómetro de distancia entre sí. El primero es un cinemómetro —la denominación técnica del radar de velocidad— marca SYSTECO, modelo DIGIMAX 4.0, que funcionará de forma fija en el kilómetro 1446,5 de la Ruta 237, con control sobre ambos sentidos de circulación.
El segundo es un detector de adelantamiento indebido y de uso de luces bajas, obligatorias en ruta, marca Fluxa, modelo WF-1100, que se ubicará en el kilómetro 1445,3, también con alcance en los dos sentidos.
Según el texto oficial, ambos equipos cuentan con aprobación de modelo desde 2015 y cumplen con las tolerancias que exige la normativa nacional. Lo que resolvió ahora la ANSV fue habilitar su instalación puntual en ese tramo y autorizar al municipio a operarlos.
El dato que enmarca la noticia está en la Legislatura provincial. Desde 2024 rige la Ley 3518, sancionada por unanimidad a instancias de la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), que suspendió por 180 días el funcionamiento de todos los radares instalados en rutas provinciales y estableció nuevas condiciones para reactivarlos: cartelería visible con al menos 500 metros de anticipación, evaluación previa del índice de siniestralidad en cada punto, notificación de infracciones dentro de los 60 días hábiles y destino del 50% de lo recaudado a programas de educación vial.
La ley, sin embargo, nunca fue reglamentada. Y sin ese paso, los municipios no pueden reactivar sus equipos por más que cumplan con los requisitos.
Así lo confirmó la propia Stillger, que además señaló el límite del su alcance: "Lo que son rutas nacionales, la ley que nosotros sacamos en la Legislatura no tiene ninguna injerencia", dijo.
Por esa razón, los radares de Picún Leufú y Villa La Angostura —ambos en rutas nacionales— continuaron activos durante todo este tiempo.
Piedra del Águila queda comprendida en esa misma excepción. Al tratarse de la Ruta 237, de jurisdicción nacional, la homologación no depende de la Legislatura ni de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, sino directamente de la ANSV. Es el mismo mecanismo que ya usaron otras localidades para sostener sus controles de velocidad mientras la ley provincial permanece sin aplicación.
La propia disposición nacional incluye una cláusula que es que el uso de los dispositivos "no puede tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional".
Es la misma polémica que atraviesa el debate provincial, donde varios radares fueron cuestionados por falta de señalización adecuada o por ubicarse en zonas sin antecedentes comprobados de siniestralidad.
La ANSV le exigió al municipio una serie de pasos para mantener vigente la autorización. Piedra del Águila tiene 30 días para acreditar ante el organismo las gestiones iniciadas frente a Vialidad Nacional para instalar la cartelería que anticipe la presencia del radar.
También deberá informar quiénes serán los responsables administrativos del control de los registros que generen los equipos, y quedará sujeto a auditorías y relevamientos periódicos que la ANSV podrá solicitar en cualquier momento.
La vigencia de la homologación, además, está condicionada a que el municipio presente en tiempo los certificados de verificación periódica de los dispositivos. Si no lo hace antes del vencimiento, la autorización puede perderse.
La medida fue comunicada, además de al municipio y a la Provincia de Neuquén, a Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, el Consejo Federal de Seguridad Vial y las Defensorías del Pueblo nacional y provincial.