La investigación comenzó tras el crimen de un piloto de rally boliviano. Las pesquisas revelaron pistas clandestinas, campos rurales y nexos con Marset.
El asesinato de un piloto de rally boliviano destapó una trama de narcotráfico aéreo que operaba entre Bolivia y el norte de Santa Fe. La investigación, impulsada por la Procunar y la DEA, terminó con una avioneta interceptada y el secuestro de 442 kilos de cocaína.
El crimen ocurrió el 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra. Minutos antes de largar una carrera, José Pedro Rojas Velasco, conocido como “Pepa”, fue ejecutado de seis disparos por un sicario colombiano.
Para los investigadores, el piloto no solo estaba ligado al mundo del rally: también coordinaba vuelos narco vinculados al entorno de Sebastián Marset. Según la Justicia, uno de esos cargamentos debía aterrizar en territorio santafesino días después del asesinato.
La investigación quedó en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con apoyo de la DEA y de la Policía Federal Argentina. Durante 45 días, fiscales y detectives siguieron comunicaciones, rastrearon movimientos rurales y reconstruyeron la logística de una organización que utilizaba avionetas, pistas clandestinas y campos aislados para mover droga desde Bolivia hacia la Argentina.
Los investigadores creen que la estructura realizaba entre dos y tres envíos mensuales y mantenía conexiones con el entorno del narco uruguayo Sebastián Marset, detenido y extraditado a Estados Unidos semanas antes.
El dato que disparó la pesquisa fue un número telefónico argentino contactado desde Bolivia por Rojas Velasco. A partir de esa línea, los fiscales identificaron otras comunicaciones vinculadas con tareas aeronáuticas clandestinas en Santa Fe.
Las escuchas permitieron detectar movimientos en un establecimiento rural de La Sarnosa, en el departamento Vera. Allí, los sospechosos hablaban de “la pista”, enviaban imágenes del terreno y discutían cómo superar los problemas provocados por las lluvias y el barro.
En una conversación, los investigados mencionaron que “el grandote”, como llamaban a un camión Ford Cargo, no podía ingresar por el mal estado de los caminos. También aparecía la presión de “el patrón”, identificado por la fiscalía como Rojas Velasco, para avanzar con la maniobra pese a las dificultades climáticas.
La causa mostró además otro problema inesperado: el dueño del campo había alquilado parte del terreno a otra persona conocida como “el Loquito C”. Esa situación generó preocupación dentro de la organización porque podía alterar el aterrizaje clandestino.
El 1° de mayo apareció una frase que llamó la atención. Uno de los sospechosos dijo: “Vienen tres, una se va y dos quedan”. Para los fiscales, se trataba de una referencia directa a aeronaves o cargamentos.
Entre el 3 y el 4 de mayo, la vigilancia terrestre y el seguimiento GPS confirmaron movimientos compatibles con el acondicionamiento de una pista clandestina. Los sospechosos recorrían caminos internos, filmaban sectores rurales y realizaban controles cerca de la Ruta Provincial 284-S.
El lunes 5 de mayo llegó el mensaje definitivo: “Ya están. Ya vinieron”. La fiscalía interpretó que la avioneta estaba por aterrizar y activó el operativo.
La captura incluyó helicópteros, grupos tácticos y explosivos colocados sobre un camino de tierra para impedir que la aeronave pudiera despegar nuevamente. El procedimiento terminó con ocho detenidos, entre ellos los pilotos y varios colaboradores locales encargados de preparar el terreno y retirar la droga.
Dentro de la investigación también apareció un elemento clave para entender la logística de la banda: el uso de Starlink, el sistema de internet satelital de Elon Musk. Según la causa, la organización utilizaba esas conexiones en zonas rurales donde no existía señal de celular.
Para los investigadores, la estructura mostraba un nivel de sofisticación poco habitual. Los vuelos se coordinaban en campos alejados, con depósitos ocultos dentro del monte y sistemas de comunicación preparados para operar fuera del radar tradicional.
La causa también volvió a poner en escena a Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica. Rojas Velasco aparecía señalado como uno de sus hombres de confianza en Bolivia y, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen boliviana, podía asumir un rol todavía más importante tras la captura del uruguayo.
La investigación argentina además se conecta con otra estructura narco liderada por Brian Bilbao, detenido en 2024. Según la fiscalía, esa organización utilizaba avionetas para ingresar cocaína desde Bolivia y Paraguay mediante pistas clandestinas en Santa Fe.
Uno de esos puntos funcionaba dentro de un country en Oliveros, cerca de la termoeléctrica General San Martín. Los investigadores sospechan que parte de la cocaína era arrojada sobre las islas del Paraná y luego trasladada hacia terminales portuarias privadas de la Hidrovía.
Esa conexión encendió otra hipótesis delicada: que los cargamentos tuvieran como destino final mercados internacionales y salieran escondidos en buques rumbo a Europa, Asia y Oceanía. Entre Timbúes y San Lorenzo funcionan doce terminales privadas con salida directa al Atlántico.
La causa también abrió sospechas sobre posibles maniobras de lavado de dinero. Según el expediente judicial, Brian Bilbao controlaba la sociedad vinculada a los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata. Los investigadores detectaron pagos inusualmente altos a artistas y movimientos financieros que llamaron la atención dentro del ambiente musical.