Desde ahora los viajes de funcionarios nacionales tendrán un mayor control y nuevos criterios.
La Administración Pública Nacional oficializó una serie de cambios en el régimen que regula los viajes oficiales al exterior de funcionarios públicos. La decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial y actualiza disposiciones vigentes desde septiembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo había establecido restricciones vinculadas al ajuste económico y al control del gasto.
La nueva medida —identificada como decisión administrativa 9/2026— introduce modificaciones en los circuitos de autorización, redefine responsabilidades y establece criterios más precisos para la conformación de comitivas y la asignación de clases de pasajes.
El objetivo declarado es ordenar la gestión, reducir cargas operativas y mejorar la eficiencia en la tramitación de misiones oficiales fuera del país.
El texto reafirma que la aprobación de los viajes de mayor jerarquía continúa bajo la órbita del jefe de Gabinete de Ministros. En este esquema, Manuel Adorni queda a cargo de autorizar los traslados de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango equivalente a ministro.
En el caso de otros niveles de la administración, la autorización podrá recaer en el titular de la cartera correspondiente, en ministros, secretarios de la Presidencia o en titulares de organismos descentralizados, según el rango del funcionario solicitante.
El procedimiento exige completar el formulario denominado “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que formaliza la solicitud y requiere la firma conjunta del funcionario que realiza el viaje y de la autoridad competente. Si la firma se delega, esa delegación debe quedar expresamente consignada en el formulario y solo podrá recaer en un funcionario con rango no inferior a subsecretario.
La norma también establece límites claros: si quien viaja es el propio subsecretario o si depende directamente de la autoridad que debería firmar, la suscripción no puede delegarse y debe concretarse junto al titular del organismo o jurisdicción correspondiente.
El plazo mínimo para presentar la documentación ante la Jefatura de Gabinete es de diez días hábiles previos al traslado, salvo situaciones extraordinarias debidamente justificadas. Existen excepciones cuando el viaje cuenta con aprobación directa del titular de la cartera o de quien tenga delegada la firma.
Uno de los puntos centrales de la decisión apunta a limitar la integración de las comitivas oficiales. A partir de ahora, solo podrá asistir un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable, sin importar la fuente de financiamiento.
Si se considera necesaria la participación de más integrantes, la autoridad requirente deberá justificar de manera expresa la presencia de cada miembro adicional. En esos casos, el formulario deberá revisarse y adecuarse a la ampliación solicitada.
El texto oficial remarca que la restricción alcanza a todas las misiones o comisiones al exterior de carácter oficial. Con esta medida, el Gobierno busca reducir el número de representantes en viajes internacionales y reforzar el control sobre los desplazamientos financiados con recursos públicos.
La decisión administrativa también redefine las condiciones para la asignación de clases de pasajes en vuelos oficiales.
Los funcionarios del Grupo A podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva. En cambio, quienes integran el Grupo B deberán viajar en clase económica, aunque se contempla la posibilidad de autorizar clase ejecutiva para secretarios o rangos equivalentes cuando existan motivos de salud, seguridad personal o razones vinculadas al desempeño de funciones. Esa excepción requiere autorización previa del titular de la jurisdicción.
Para los funcionarios de los Grupos C y D, solo se contemplan pasajes en clase económica. Cualquier mejora o cambio de categoría deberá ser asumido por el propio pasajero y no generará gastos adicionales para el Estado Nacional.
Las restricciones originales se establecieron durante la gestión de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y respondían al programa de ajuste impulsado por el Gobierno. La actualización actual mantiene el criterio de control del gasto, pero introduce un esquema más centralizado para los cargos de mayor jerarquía y amplía la posibilidad de delegación en niveles inferiores.