La ley de Reforma Laboral se aprobó en febrero, pero la principal política del gobierno para facilitar la contratación de personal la pondrá en marcha en noviembre.
El Gobierno pondrá en marcha en noviembre los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que en rigor son cuentas de inversión de las empresas destinadas a contar con dinero para afrontar despidos de personal.
La implementación de la medida se hará con nueve meses de demora. La ley de reforma laboral donde se crea la figura, se aprobó en febrero y recién en noviembre se comenzará a implementar.
La verdad es que el gobierno pensaba implementarlos a partir de junio, pero tiene fuertes restricciones presupuestarias en un contexto de baja recaudación de impuestos.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los FAL le costarían al fisco 0,37% del PBI al año. Es de recordar que los fondos se constituyen desviando los aportes de seguridad social de las empresas hacia estas cuentas de inversión. Es decir, lo que va a perder financiamiento es la seguridad social, básicamente, el sistema jubilatorio. En el caso de las pymes, deberán reservar el 3% de la masa salarial y las grandes el 1%.
Tendrán que sumar fondos a sus cuentas hasta llegar a un punto en el que completen el eventual despido del 100% de su personal. En ese momento vuelven a aportar a la seguridad social.
El dinero reunido será invertido en fondos comunes de inversión a través de sociedades de bolsa, con regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En ese sentido, el economista Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló que "la postergación en la implementación del FAL resulta llamativa".
"El gobierno repitió insistentemente que esta herramienta sería la solución a los problemas de empleo. Por ende, siguiendo el razonamiento del propio oficialismo, la postergación del FAL supone que no habrá mecanismos de fomento a las nuevas contrataciones en todo 2026", indicó.
Lo que ocurre es que, si bien el mecanismo para financiar despidos empezará en noviembre, su constitución real se va a consolidar en 2027 luego de algunos meses de aportes.
El Gobierno reglamentó este lunes una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral y definió el esquema operativo para varios de los cambios impulsados por la reforma aprobada por el Congreso. A través de los decretos 406, 407, 408 y 409 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó con modificaciones en materia de convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones, empleo registrado y aspectos tributarios.
La principal norma, el Decreto 407/2026, establece nuevas reglas para la negociación colectiva, introduce mecanismos de control sobre las organizaciones gremiales, redefine el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales y oficializa un nuevo formato obligatorio para los recibos salariales.