Una joven denunció que efectivos policiales la hostigaron para que exhibiera fotos y videos privados durante un allanamiento por un presunto robo.
Una joven que genera contenido para plataformas digitales denunció que policías de San Francisco del Chañar, en Córdoba, la habrían obligado a exhibir imágenes privadas almacenadas en su celular durante un procedimiento vinculado a la investigación de un presunto robo.
Según el relato de la denunciante relato, el pedido se produjo en un contexto en el que no estaba obligada a aportar ese tipo de material.
El abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, dijo a la prensa local que la joven fue encerrada e interrogada con pedidos para que se autoincriminara y que los policías le solicitaron exhibir desde su propio teléfono material íntimo que no tenía relación con el hecho investigado.
“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, dijo el abogado y consideró que “hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”.
El letrado abogado indicó que los efectivos allanaron la casa de la joven y solo secuestraron dos iPhone usados, un vehículo y otros elementos en el marco de la investigación contra la denunciante por un supuesto robo.
“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, dijo Almada Vargas.
Tras el hecho sucedido en la comisaría, el letrado indicó que la mujer terminó internada tras un intento de suicidio.
La fiscal de la ciudad Deán Funes, Analía Cepede, abrió una investigación diferente por el presunto robo, en este caso por la denuncia de la mujer hacia el personal policial. Mitre indicó que la mujer trabaja en la producción de contenido sexual para OnlyFans.
“Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar (un celular) porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”, indicó la fiscal a Mitre.
“La mujer, por el contexto paralelo a la denuncia que hay, que es de un robo, iba en calidad de sospechada. No imputada, de sospechada, lo que ya garantizaba un derecho de defensa. O sea, ella tendría que haber sido notificada que podía prestar o no su exposición o declaración, pero en presencia de un letrado”, recordó la instructora.
“Nunca tuvo ningún tipo de obligación de hacer entrega, justamente porque hace su derecho de intimidad. Entonces, una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, agregó.
Cépede indicó que será clave el testimonio de la joven para “determinar bien todos los pasos: desde cómo llegó la comisaría, por qué llegó y cómo fue el trato y hasta dónde terminaron abusando o no de la función de ellos como personal policial frente a una persona que, si bien es cierto estaba en calidad de sospecha, tenía todas las garantías constitucionales de derechos de defensa”.
La fiscal dijo que, de confirmarse el accionar delictivo de los policías, la figura penal es “abuso de autoridad”.