Vecinos cuestionan la consulta oficial por un proyecto de salmonicultura y reclaman que la población defina su futuro.
El debate por la instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas quedó atravesado por un pedido de referéndum impulsado por residentes que rechazan el proyecto y cuestionan la consulta abierta por las autoridades del archipiélago. La discusión divide a una población de unos 3.500 habitantes entre la expectativa de inversiones y empleo y las advertencias por posibles daños ambientales.
Según informó el diario británico The Guardian, el proyecto contempla una producción de hasta 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones. La iniciativa, impulsada por Unity Marine, podría convertirse en el mayor desarrollo industrial costero de la historia del archipiélago y generó un fuerte debate sobre su impacto económico y ambiental.
Unity Marine está integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. De acuerdo con el reporte, una evaluación encargada por el gobierno malvinense estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar 35 millones de libras esterlinas por año a la economía local, casi 48 millones de dólares y alrededor del 11% del PBI del territorio.
Ese escenario también contempla la creación de unos 133 puestos de trabajo. Desde el sector empresario sostienen que la iniciativa podría diversificar la economía de las islas, aunque el proyecto enfrenta una fuerte oposición entre residentes y organizaciones ambientalistas.
El conflicto se desarrolla en un territorio cuya población ronda las 3.500 personas y que cuenta con un ecosistema marino de particular sensibilidad. The Guardian describió a las Malvinas como “uno de los últimos territorios vírgenes del planeta” y destacó la presencia de kril y calamares, además de lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
La organización Salmon Free Falklands (SFF), creada por residentes para oponerse al emprendimiento, reclama que la decisión final quede en manos de los habitantes del archipiélago. Sally Poncet, una de sus integrantes, afirmó que de esa manera “será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”.
La organización cuestiona la consulta pública iniciada el 7 de agosto y prevista hasta el 30 de octubre. Poncet sostuvo que perdió la confianza en ese procedimiento debido a la calidad de la información disponible y planteó dudas sobre los estudios utilizados para evaluar los posibles efectos de la salmonicultura.
Según la activista, algunos informes oficiales se basan en datos aportados por Unity Marine que, de acuerdo con su planteo, no pueden ser verificados de manera independiente. También advirtió sobre la falta de información acerca del impacto que la actividad podría provocar sobre los bosques de algas, las zonas de desove del calamar y otras especies.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana y actual asesora de Salmon Free Falklands, cuestionó los documentos oficiales y sostuvo que todavía no existe una determinación científica rigurosa sobre la capacidad de carga ambiental de la zona.
Ese concepto busca establecer cuántos peces de cultivo puede soportar un determinado ambiente sin que se altere su equilibrio. Cherrie señaló que tampoco fueron calculados los costos regulatorios ni los posibles efectos de la actividad, por lo que, según su análisis, los habitantes no cuentan todavía con un estudio completo de costo-beneficio.
Entre las cuestiones pendientes, mencionó además la falta de precisiones sobre el tratamiento de peces muertos ante posibles episodios de mortandad masiva, una situación que ya se produjo en otros centros de producción de salmón.
Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la Blue Marine Foundation, también cuestionó la metodología. Consideró “extraordinario” que el gobierno de las Malvinas presente informes que no utilizan datos primarios verificados de manera independiente y sostuvo que las numerosas aclaraciones sobre las fuentes terminan afectando la utilidad de los documentos.
Las autoridades locales mantienen una posición formal de neutralidad frente a la salmonicultura. Un portavoz explicó a The Guardian que el gobierno no está a favor ni en contra del proyecto y que los estudios fueron encargados para aportar información a la discusión pública y analizar distintos escenarios posibles.
La administración también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de información ambiental. Según explicó, el informe sobre capacidad de carga fue solicitado únicamente para mostrar cómo funcionaría el proceso de modelización frente a un proyecto potencial y no para establecer cuál es la capacidad real de las aguas de las islas.
Respecto del estudio socioeconómico, el gobierno señaló que no incluyó una estimación de futuros costos regulatorios porque esos valores no pueden calcularse con precisión en esta etapa del proceso.