La presentación apunta al personal penitenciario de la Unidad 51 de Magdalena. El caso es investigado por la Justicia y ya hubo desplazamientos de autoridades.
Una grave denuncia por presuntas torturas, abusos sexuales y tratos degradantes contra mujeres detenidas sacude al sistema penitenciario bonaerense. Según una investigación publicada por Infobae a partir de una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos cuatro internas habrían sido víctimas de golpizas, vejaciones y abusos dentro de la Unidad N° 51 de Magdalena.
La causa quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, quien ya ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso la separación preventiva de los agentes señalados en la denuncia y removió a la cúpula de la cárcel.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la CPM, los hechos comenzaron tras una pelea entre internas en uno de los pabellones del establecimiento penitenciario.
Dos de las mujeres denunciantes aseguraron que no participaron de la pelea, aunque igualmente fueron alcanzadas por el operativo de control. Según la presentación, recibieron gas pimienta en el rostro cuando personal penitenciario ingresó al pabellón para intervenir.
La denuncia sostiene además que varias detenidas fueron sometidas a requisas y controles físicos en condiciones irregulares. Incluso, algunas de ellas habrían sido obligadas a desnudarse frente a personal masculino mientras continuaba el procedimiento.
La CPM también cuestionó registros médicos elaborados tras el episodio. Según la presentación, una de las víctimas fue revisada por personal sanitario y se dejó constancia de que no presentaba lesiones. Sin embargo, evaluaciones posteriores realizadas en el marco de la investigación habrían detectado signos compatibles con agresiones físicas.
Según el expediente citado por Infobae, una de las detenidas relató una secuencia de presuntas torturas y humillaciones ocurridas luego de ser reducida por el personal penitenciario.
La mujer aseguró que fue obligada a arrodillarse frente a una bacha y un inodoro tras recibir gas pimienta directamente en el rostro. Siempre según su declaración, una autoridad penitenciaria le repetía de forma insistente una orden: "Besame las botas".
La detenida afirmó que se negó reiteradamente y que, como consecuencia, volvió a ser golpeada. También denunció que le sumergieron la cabeza en agua varias veces mientras continuaban exigiéndole que obedeciera la orden.
La acusación se vuelve aún más grave cuando describe presuntos abusos sexuales durante el procedimiento. Según consta en la denuncia, la víctima relató que uno de los agentes la golpeó con una escopeta y luego apoyó el arma sobre sus glúteos mientras otros efectivos se burlaban de ella.
La mujer sostuvo además que le rompieron la ropa interior y que sufrió agresiones de carácter sexual mientras permanecía reducida.
Según la denuncia, posteriormente recibió amenazas vinculadas a posibles represalias dentro del penal. "No te vas a ir de traslado, te voy a verduguear todos los días, no vas a comer, ni a bañarte te voy a sacar", habría sido una de las frases pronunciadas por una autoridad penitenciaria.
El impacto emocional de los hechos quedó reflejado en las declaraciones de la víctima incorporadas a la presentación judicial. "Hasta una golpiza me banco porque soy presa, pero me ultrajaron, me humillaron", expresó la mujer al describir lo ocurrido.
En otro tramo de su relato manifestó la profunda angustia que atravesaba tras el episodio. "Yo no quiero vivir más, no quiero estar más acá", afirmó.
Según la denuncia, la detenida conservó elementos que podrían servir como prueba dentro de la investigación judicial, entre ellos prendas de vestir que habrían resultado dañadas durante el procedimiento.
La causa quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, uno de los investigadores con mayor trayectoria dentro del Ministerio Público bonaerense. Según trascendió, el fiscal avanza con la toma de testimonios y otras medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro de la Unidad 51.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que uno de los principales obstáculos es la dificultad para obtener declaraciones dentro del ámbito penitenciario, donde suelen existir temores y reticencias a brindar información.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar preventivamente a los agentes señalados en la denuncia y desplazar a las máximas autoridades de la Unidad N° 51. Además, se inició un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas mientras la Justicia avanza con la investigación penal.