Los representantes isleños rechazaron la definición de “población implantada” y reafirmaron su pertenencia al Reino Unido. El contundente comunicado.
La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al discurso de Javier Milei y rechazó la definición de los residentes como una “población implantada en un territorio usurpado”. El cuerpo legislativo defendió la permanencia del archipiélago bajo administración británica y reafirmó que su futuro solamente puede ser decidido por quienes viven allí.
“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, afirmó el documento difundido después de la cadena nacional del Presidente.
El comunicado reivindicó el principio de autodeterminación y volvió a mencionar el referéndum realizado en 2013. La Argentina no reconoce aquella consulta y sostiene que la disputa de soberanía debe resolverse mediante una negociación bilateral con el Reino Unido.
La respuesta llegó después de que Milei anunciara sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las medidas contra quienes operen sin autorización argentina.
El escrito fue difundido en nombre de la totalidad de la Asamblea y no tiene firmas individuales. Los legisladores mencionaron a Milei una sola vez y aseguraron que las declaraciones realizadas desde la Argentina no modificarán la posición de los habitantes del archipiélago.
“El derecho está fundado en el derecho internacional y no se ve alterado por las declaraciones de ningún otro gobierno”, señalaron.
La Asamblea sostuvo además que las presiones argentinas no son una novedad. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, indicó el comunicado.
En las islas viven alrededor de 3.600 personas. Para respaldar su postura, el cuerpo legislativo recordó el referéndum de marzo de 2013, cuando los residentes votaron si querían conservar el estatus de territorio británico de ultramar.
El documento, al que tuvo acceso el medio MercoPress, hace hincapié en los derechos esgrimidos por la comunidad británica en el Atlántico Sur. La Asamblea apeló a la votación de hace más de una década, que contó con un 92% de participación y un 99,8% de votos a favor de mantener el estatus de territorio británico, para respaldar su legitimidad.
Además, en el documento se afirma que el principio de autodeterminación no se ve alterado por expresiones de gobiernos externos y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una "violación de la seguridad nacional".
Si bien mencionan al mandatario argentino una sola vez, remarcaron que "declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros" y sostuvieron que la comunidad prosperó a pesar de las presiones de las últimas décadas.
Milei utilizó una cadena nacional para reafirmar que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho” y presentar un paquete de medidas destinadas a frenar la explotación de recursos naturales sin autorización de Buenos Aires. El Presidente puso el foco en Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. “La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó.
Entre las decisiones anunciadas aparece la agilización de los procedimientos previstos en la Ley 26.659 para sancionar a las empresas que intervengan en actividades hidrocarburíferas dentro del área reclamada. Las medidas también alcanzarían a accionistas, directores y proveedores.
El Gobierno británico respaldó inmediatamente el comunicado insular. El ministro de Defensa, Wes Streeting, aseguró que el compromiso de Londres con las islas es “absoluto e inquebrantable” y afirmó que seguirán siendo británicas porque así lo decidieron sus habitantes.
El canciller Ed Miliband repitió esa postura: “Su derecho a la autodeterminación es primordial, está fundado en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. Los documentos de la ONU se refieren a la necesidad de considerar los “intereses” de los habitantes de las islas, pero para Londres cualquier modificación del estatus político requiere el consentimiento de los isleños.
La contestación de la Asamblea no modifica esas posiciones ni responde al paquete económico y judicial preparado por Milei. Vuelve a colocar en el centro el punto en el que ambas partes nunca lograron acercarse: quién tiene derecho a decidir el futuro de las Malvinas.