El adolescente sufrió insultos, burlas, golpes en la cabeza, empujones y agresión constante. La Justicia confirmó las graves secuelas que tuvo.
Un fallo judicial decidió condenar al estado por un caso de bullying extremo, que llevó a un adolescente a abandonar la escuela. Ahora deberán pagarle una millonaria suma de dinero.
La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mercedes, Luis Laserna, contra la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, organismo responsable de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Mariano Moreno”, donde ocurrieron los hechos.
Según se conoció, la Justicia condenó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización cercana a los $35 millones a un joven que sufrió durante años - y de manera sistemática - bullying dentro de una escuela pública de Chivilcoy.
La resolución consideró acreditado que el adolescente sufrió un hostigamiento entre 2011 y 2012, y que la falta de respuestas adecuadas por parte de docentes y directivos agravó profundamente el daño emocional.
Según se desprende de la sentencia, el joven desarrolló graves secuelas psicofísicas, abandonó la escuela y terminó atravesando cuadros fóbicos y depresivos severos.
El alumno que realizó la denuncia tenía una marcada vocación por la informática y se destacaba por sus buenas calificaciones. Esa situación terminó convirtiéndolo en blanco de agresiones por parte de compañeros que lo hostigaban por ser “aplicado” y no sumarse a conductas disruptivas dentro del curso.
La violencia fue escalando con el paso de los meses. El expediente judicial detalló insultos, burlas, golpes en la cabeza, empujones y salivazos diarios dentro del aula. Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de septiembre de 2011, cuando un compañero le arrojó un borrador en el rostro durante una clase.
Según quedó acreditado en la causa, la reacción del docente fue mínima: le indicó al adolescente que fuera al baño a lavarse la cara y continuó la clase sin aplicar sanciones disciplinarias ni contener a la víctima.
Frente a la falta de respuestas institucionales, los padres recurrieron a la Inspección de Nivel Secundario. Allí recibieron como única alternativa el cambio de turno escolar.
La familia interpretó esa medida como una forma de “revictimización”, ya que obligaba al adolescente a modificar su rutina mientras los agresores permanecían en el mismo entorno sin consecuencias.
El traslado al turno mañana tampoco resolvió la situación. El hostigamiento continuó y, según testimonios incorporados al expediente, otros alumnos incluso filmaban agresiones físicas con celulares para humillarlo públicamente frente al resto del curso.
Durante el juicio, los abogados de la Dirección General de Cultura y Educación sostuvieron que el joven ya padecía una patología previa vinculada a una “fobia social” y que los episodios denunciados eran hechos aislados.
Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos y remarcó que las agresiones sufridas dentro de la escuela eran previsibles y evitables.
La resolución judicial también retomó conceptos de la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, quien sostiene que las escuelas asumen una “obligación de seguridad” destinada a garantizar la integridad física y moral de los estudiantes.
El magistrado subrayó que los malos tratos y las discriminaciones sufridas por el adolescente no podían ser considerados hechos fortuitos ni casuales.
La sentencia también describió las graves consecuencias emocionales que sufrió el joven después de años de acoso escolar. Los peritos concluyeron que desarrolló una neurosis fóbica moderada y severos trastornos de ansiedad, con síntomas como mareos, sudoración y dolor precordial.
Además, el aislamiento social lo llevó a un importante aumento de peso y a un confinamiento casi permanente dentro de su casa. Según el fallo, pasó de pesar 70 a 125 kilos como consecuencia del deterioro emocional. Actualmente asiste a un hogar de día y continuará realizando tratamiento psicológico semanal durante al menos un año más.
El juez fijó distintas compensaciones económicas por daño psicofísico, tratamiento terapéutico y daño moral. Este último rubro fue valuado en $8 millones debido al sufrimiento atravesado en la escuela.
Como la sentencia ordenó aplicar un interés anual del 6% desde 2012 hasta la actualidad, la suma total ascendió a casi $35 millones. El monto deberá ser abonado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense junto con la aseguradora Provincia Seguros S.A.