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El caso involucró al ex secretario de un juez federal, quien ya había sido condenado por beneficiar a un grupo narco junto al magistrado.
Este martes se conoció la sentencia contra un ex funcionario judicial por intervenir de forma ilegal el celular de su esposa ante sospechas de infidelidad, como también el del supuesto amante.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes condenó este martes a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta a Pablo Carlos Molina. El abogado se desempeñó al frente de la Secretaría Penal N° 1 del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, durante la gestión Carlos Soto Dávila.
Molina fue acusado de disponer de una dependencia de la SIDE para intervenir ilegalmente el celular de su mujer y un amigo de ella, con el que pensaba que tenía una relación extramatrimonial. Además de los cuatro años de cárcel por "abuso de autoridad" y "falsedad ideológica en concurso real", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes le estableció una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ocho años.
En total se realizaron en total 3 audiencias. El juicio se inició el 13 de junio y el pasado 2 de julio se realizaron los alegatos, donde los fiscales Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, solicitaron 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta. En tanto la defensa de Molina, durante su alegato presentado en la última audiencia, había solicitado su absolución.
Los hechos bajo investigación contra el ex secretario sostienen que el 11 de septiembre de 2014, en su calidad de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, confeccionó y firmó un oficio judicial que contaba con la rúbrica del juez Soto Dávila. En el mismo, se informaba falsamente a la SIDE que existía una orden de intervención telefónica sobre dos líneas vinculadas, supuestamente, a una pesquisa por narcotráfico.
Estas líneas eran de sus allegados, a quienes el exsecretario sospechaba de mantener una relación afectiva. La fiscalía estableció que esta maniobra encubría un uso indebido de su función pública, al utilizar recursos del Estado para resolver una situación personal.
Debido a esta situación es que Schaefer determinó que actualmente también están pidiendo el procesamiento de Soto Ávila por encabezar una asociación ilícita.
El caso fue descubierto en 2019 durante un relevamiento que realizó personal judicial y se encontró 28 discos compactos con grabaciones resultantes de las escuchas ilegales efectuadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. En muchas de las comunicaciones, aparece el propio Molina manteniendo conversaciones con su pareja en las que emitía insultos y amenazas.
Al momento en que se descubrieron los discos compactos, Molina ya había sido apartado de su cargo en la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. Esta decisión fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a raíz de una imputación recibida en otra causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos en 2016.
En aquel entonces, ya había sido condenado a cinco años de prisión por beneficiar a bandas narco de Itatí. Próximamente deberá comparecer de nuevo ante la Justicia por otra causa en la que está acusado de la entrega irregular de varios vehículos, entre los que se encuentran un Volkswagen Bora, una camioneta Volkswagen Amarok, y dos Toyota Hilux, por un caso de lavado de activos.