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La medida busca impulsar inversiones, mejorar la infraestructura y restringir beneficios directos a compañías ya incluidas en el sistema.
El gobierno de Javier Milei modificó la distribución de los aportes obligatorios para las empresas beneficiadas por el régimen industrial de Tierra del Fuego. La medida busca fortalecer la producción y mejorar la infraestructura, con restricciones para evitar beneficios directos a compañías ya incluidas en el sistema.
La reforma quedó establecida en el Decreto 111/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente y de los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo.
La norma modifica el artículo 6 del Decreto 727/2021 e incorpora el artículo 6 bis, estableciendo nuevas reglas para el destino de los aportes de las empresas. Según lo estipulado, el 60% de los fondos se utilizará en proyectos productivos, ciencia, tecnología y formación de recursos humanos. Se determinó que estos recursos no podrán ser utilizados para generar beneficios directos a las empresas que ya participan del régimen.
El 40% restante será destinado a la ejecución de obras de infraestructura en los niveles provincial, municipal o nacional. Se aclaró que no podrán emplearse para cubrir gastos corrientes, con el objetivo de asegurar que los recursos se utilicen en iniciativas que favorezcan el desarrollo productivo.
La incorporación del artículo 6 bis permite a las empresas aplicar hasta el 40% de su contribución mensual obligatoria a inversiones propias. Para acceder a este beneficio, deberán contar con la aprobación del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), el organismo encargado de regular y supervisar el cumplimiento del régimen de promoción industrial en la provincia.
Las empresas que opten por utilizar este mecanismo deberán emitir un certificado de deuda exigible a favor del FAMP-Fueguina. La cancelación de ese compromiso se realizará mediante actas de inversión aprobadas por el Comité Ejecutivo dentro del plazo que se establezca para cada proyecto.
Además, las compañías que adhieran a este esquema tendrán la posibilidad de adelantar inversiones desde el momento en que formalicen su adhesión al decreto. No obstante, deberán pasar por todas las instancias de evaluación y aprobación que establezca el Comité Ejecutivo.
El decreto establece que el valor de los fondos aportados por las empresas se ajustará mediante un coeficiente que será definido por el Comité Ejecutivo. La intención de este ajuste es otorgar previsibilidad a las empresas que operan en Tierra del Fuego bajo el régimen de promoción industrial y garantizar que los recursos destinados a inversiones propias mantengan su valor en el tiempo.
El gobierno apuesta a que esta reforma brinde incentivos para nuevas inversiones y amplíe las capacidades productivas en la provincia. A través de esta modificación, busca generar un esquema más flexible para la utilización de los aportes, al mismo tiempo que establece restricciones para evitar desvíos de recursos o beneficios concentrados en pocas compañías.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego ha sido motivo de debate en distintos sectores, ya que implica un costo fiscal elevado para el Estado, pero al mismo tiempo representa un motor clave para la economía de la provincia. Con este nuevo esquema de distribución de aportes, el gobierno busca equilibrar la necesidad de inversión privada con el desarrollo de infraestructura y la capacitación de recursos humanos.