{# #} {# #}
Sin aulas ni espacios para el dictado de clases, está paralizada la actividad educativa en las cárceles de la provincia. Hay un fuerte cruces entre penitenciarios y docentes del CEPI y Formación Profesional y piden la intervención de la titular del Ministerio Público de la Defensa Vanina Merlo que está al tanto de la vulneración de derechos.
Con las cárceles cerradas desde noviembre por hacinamiento, los docentes del CEPI y de Formación Profesional perdieron en casi todas las unidades de la provincia los espacios áulicos, ahora se utilizan para albergar presos.
La jueza de ejecución del interior Alicia Rodríguez ya denunció a un comisario mayor en Chos Malal por no cumplir con una orden judicial para el dictado de clases y a los pocos días se sumó una denuncia de una defensora particular contra la cúpula de Educación por no garantizar el derecho a estudiar de las personas privadas de la libertad.
Lo llamativo es que ante semejante avasallamientos de derechos universales el Ministerio Público de la Defensa no tomara cartas en el asunto. Pero LMN ahondó en ello y accedimos a información clave.
Antes de meternos de lleno en la supuesta inactividad de los defensores oficiales que deberían ser los primeros indignados, vamos a dar algunas referencias que servirá para comprender el trasfondo.
La actual defensora general es Vanina Merlo, ex ministra de Seguridad de la Provincia durante el canje de la cárcel de Senillosa al Sistema Penitenciario Federal por los terrenos céntrico de la U9.
Dicho canje se realizó sin tener un plan B sobre la saturación del sistema penitenciario provincial, algo que era tan simple como matemáticas de primer grado.
Si entrego un complejo penitenciario de 600 plazas y no construyo ningún tipo de estructura ¿Qué puede pasar? Simple, las viejas cárceles neuquinas colapsarían y eso fue lo que ocurrió.
Esto fue advertido no solo por este periodista sino por muchos actores que están involucrados en la problemática de las cárceles: penitenciarios, defensores, fiscales, jueces y docentes de educación en contexto de encierro.
Los oídos sordos del Gobierno devinieron en que la situación fuera insostenible y en noviembre las juezas de ejecución Raquel Gass y Alicia Rodríguez tuvieron su primera coincidencia en años y cerraron los penales neuquinos por el hacinamiento y agravamiento de las condiciones de detención.
Para que se entienda, hoy está a cargo del Ministerio Público de la Defensa quien era referente del gobierno y no hizo nada al respecto. Pero como la vida tiene sus vueltas, Vanina Merlo ahora se encuentra casi obligada a exigirle a su Gobierno que cumpla con lo que ella no hizo.
Lo cierto es que dejó de ser integrante del Poder Ejecutivo porque fue el propio gobernador quien la propuso para que se sumara a las huestes del Poder Judicial como Defensora General. Ahora, Merlo está dando vueltas en su laberinto.
Una vez aportado el contexto, volvamos a la dura realidad que vive el sistema penitenciario, algo que importa a muy pocos desgraciadamente.
La defensora de ejecución Luciana Petraglia recibió el pasado 14 de abril una nota del área de Formación Profesional donde le explicaban la crítica situación.
“Nos encontramos hoy, en todas las unidades de detención, con la falta de espacios para desarrollar nuestra tarea educativa y la falta de personal de seguridad, lo que excede la responsabilidad de nuestra escuela”, destaca la nota.
Desde formación Profesional le explican a la defensora: “Es un problema generado por el servicio penitenciario (que se apropió de los espacios de estudio para poner presos) y por la falta de intervención de la justicia provincial (que permite el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de seguridad) nos impide garantizar el derecho a la educación”.
“Esperamos poder aportar y debatir en instancias que realmente nos permitan arribar a soluciones concretas. Invitamos a que usted pueda extender nuestra solicitud de reunirnos a Vanina Merlo, defensora general”, concluye la nota firmada por los referentes de Formación Profesional.
La defensora de ejecución Luciana Petraglia, que ya ha tomado intervención en situaciones críticas en el penal, reaccionó de inmediato remitiendo un escrito a su jefa natural Vanina Merlo.
De acuerdo al documento digital al que pudo acceder este medio, fechado el 14 de abril, es decir, el mismo día que le ingresó la nota de Formación Profesional, Petraglia notificó a Merlo que “desde hace tres semanas se encuentran con medidas de fuerza (sin dictado de clases) el nivel primario del CEPI (en unidad 11) y Formación Profesional desde el lunes pasado en toda la provincia”.
Petraglia advierte a Merlo que se reunió con colegas de mediación del Ministerio Público Fiscal el martes 11 de abril para reactivar la mesa interinstitucional para dar tratamiento y solución a la problemática, pero “entendieron que no era propicio llevarlo a cabo en medio del proceso eleccionario ”.
Eso sí que fue un desatino, porque estamos en un sistema republicano de una supuesta independencia de poderes y eso no debiera ser un condicionante. No creo que sea necesario explicar lo obvio.
No obstante, Petraglia dejó en claro a su jefa: “pareciera que el Ministerio de Educación sólo pone las horas y los docentes y se despreocupa del resto de cuestiones que hay que articular con otros actores del Ejecutivo. Manifiestan haber elevado notas al Ministerio de Educación, pero pareciera que siempre es el Poder Judicial el que tiene que funcionar como articulador entre las mismas instituciones del Ejecutivo, circunstancia esta que -a mi humilde entender- provoca un deterioro del sistema republicano, sobretodo porque cuando intervenimos, las órdenes no se cumplen”, sinceró Petraglia.
Por último, la funcionaria de ejecución concluyó con una observación muy clara de la actual situación: “Observo que el sistema carcelario Neuquino atraviesa una crisis muy profunda (sobrepoblación, falta de acceso a la educación, carencia absoluta de trabajo remunerado, déficits en el acceso a la salud, atraso crónico en el acceso a los derechos penitenciarios, etc) que provoca una devaluación importante de los derechos de la personas privadas de libertad. Sólo podremos cumplir con las mandas internaciones de reconocimiento de derechos humanos cuando logremos que la situación carcelaria se ponga en la agenda del poder ejecutivo y legislativo provincial, para pensar en soluciones a corto y largo plazo, máxime cuando la provincia aún tiene un número súper manejable de personas privadas de libertad ”.
Ahora, todo queda en manos de Vanina Merlo que debiera exigir al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones para que los derechos humanos que tienen las personas privadas de la libertad se cumplan tal como lo estable la Constitución Nacional como los pactos, tratados y convenciones a la que ha adherido el país.