El conductor fue imputado por lesiones graves culposas tras un siniestro ocurrido en Neuquén. La víctima aceptó el acuerdo y recibirá el pago en cuotas.
Un hombre acusado de provocar graves heridas a un motociclista en un choque ocurrido en Neuquén llegó a un acuerdo judicial para reparar económicamente a la víctima y cumplir reglas de conducta durante dos años. La propuesta fue aceptada por las partes y homologada por un juez de garantías, por lo que el proceso penal quedará suspendido bajo condiciones.
El accidente ocurrió el 15 de abril de 2023, cerca de las 16:50, en la intersección de Avenida Mosconi y calle Linares, en la ciudad de Neuquén. Según la acusación de la fiscalía, el conductor de un Volkswagen Up, identificado por sus iniciales H.E.V., atravesó el cruce sin respetar la luz roja del semáforo e impactó contra una motocicleta KTM que circulaba con prioridad de paso.
Producto del choque, el motociclista sufrió una fractura en el brazo derecho, por la que debió ser intervenido quirúrgicamente y atravesar un largo proceso de recuperación. Los informes médicos incorporados a la causa determinaron que las lesiones le demandaron más de 60 días de curación e incapacidad laboral.
Por ese motivo, el hecho fue calificado como lesiones graves culposas doblemente agravadas: por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, y por la violación de la señalización semafórica.
Durante una audiencia judicial, la defensa del imputado presentó una propuesta de suspensión del proceso a prueba. El acuerdo contempla una reparación económica total de 12 millones de pesos para la víctima, que será abonada en 24 cuotas mensuales.
El planteo fue consensuado con el fiscal del caso, Andrés Azar, y con la querella particular que representa al motociclista. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo resolvió homologar el acuerdo.
Al fundamentar su postura, el fiscal explicó que el expediente atravesó varias instancias de mediación y negociación desde que ocurrió el siniestro. Señaló que durante estos años hubo distintos intentos para alcanzar una salida acordada y sostuvo que, finalmente, se logró una propuesta que permite dar una respuesta al conflicto.
Azar también tuvo en cuenta que el imputado no registra antecedentes penales condenatorios. Según explicó, esa situación, sumada al tiempo transcurrido desde el hecho y al acuerdo alcanzado con la víctima, permitió acompañar el pedido de suspensión del proceso a prueba.
Uno de los puntos analizados durante la audiencia fue la posibilidad de reemplazar la inhabilitación para conducir, una medida que suele discutirse en este tipo de causas. El fiscal aclaró que habitualmente no acompaña ese tipo de sustituciones, pero consideró que este caso tenía particularidades que permitían avalar otra salida.
En lugar de quedar inhabilitado para manejar, H.E.V. deberá realizar un curso de manejo defensivo. Para la fiscalía, esa exigencia se ajusta a las condiciones del acuerdo, teniendo en cuenta el paso del tiempo, la falta de antecedentes del imputado y los intentos previos de conciliación.
La víctima, a través de su abogado querellante, prestó conformidad con la propuesta. Durante la audiencia, el representante particular destacó el trabajo realizado para llegar a una solución consensuada y acompañó las condiciones fijadas.
Antes de que el juez resolviera el planteo, el imputado tomó la palabra y pidió disculpas por lo ocurrido.
Además del pago de los 12 millones de pesos, el conductor deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el plazo de dos años. Entre ellas, tendrá que realizar 96 horas de tareas comunitarias, presentarse cada dos meses ante Población Judicializada, fijar y mantener domicilio, no consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.
También deberá completar el curso de manejo defensivo dispuesto como parte de las condiciones acordadas.
Al homologar el acuerdo, el juez Marco Lupica Cristo destacó el trabajo realizado por las partes para alcanzar una salida después de varios años de intentos. Señaló que este tipo de mecanismos busca gestionar de la mejor manera posible los conflictos derivados de un presunto delito y consideró que, en este caso, estaban reunidos los requisitos legales para conceder el beneficio.
La suspensión del proceso a prueba no implica una condena, sino que deja la causa en pausa mientras el imputado cumple con las obligaciones impuestas. Si durante ese plazo respeta todas las condiciones, el expediente podrá cerrarse sin llegar a juicio.
El juez fue claro al advertir que el beneficio quedará sin efecto si H.E.V. incumple cualquiera de las reglas impuestas o comete un nuevo delito durante los dos años fijados.
En ese caso, la suspensión será revocada y la causa retomará su trámite hacia la etapa de juicio.
El siniestro había generado complicaciones en el tránsito sobre Avenida Mosconi, ya que después del impacto fue necesario cortar la circulación para que trabajara el personal de Accidentología Vial. En aquel momento, el motociclista fue asistido por personal de salud y trasladado al hospital Castro Rendón, mientras que el auto quedó secuestrado. Según la información reunida en la investigación, el conductor del Volkswagen Up también había dado positivo en el test de alcoholemia realizado tras el choque.