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Una defensora penal denunció a un defensor civil por violencia de género, pero el Juzgado Civil de Rincón de los Sauces entendió que el hecho no configura a una situación de violencia y la desestimó. El magistrado recomendó que la Defensora General resuelva los problemas internos.
La Defensa Pública no atraviesa el mejor momento, ahora en Rincón de los Sauces le estalló un nuevo escándalo en sus propias huestes.
La defensora penal denunció al defensor civil por violencia de género.
“Que de las constancias de autos se desprende que la defensora, quien comparte espacio físico con el denunciado, manifiesta diversas situaciones que se desarrollan en el ámbito laboral tales como inconvenientes para compartir los baños, recepción de las llamadas telefónicas que ingresan a la defensoría y que deben ser atendidas solo por la denunciante toda vez que el defensor tendría desconectado su teléfono, ingreso por parte del denunciado a su despacho sin pedir permiso y que el mismo se dirigiría a la misma de manera inapropiada”, reza la resolución judicial.
El magistrado que atendió la causa, analizó los episodios denunciados y explicó: “Que analizada la denuncia con perspectiva de género advierto que la pretensión no encuadra en lo previsto por la ley 2786, ya que se trata de hechos que no configurarían una situación de violencia en los términos del art. 5 de la ley 2786, toda vez que no se observa una situación de riesgo actual que amerite instar los mecanismos de urgencia que prevé la ley mencionada, sino que refieren a un conflicto de índole laboral entre las partes”.
Luego, explicó que se trata de un conflicto entre pares “quienes dependen del Ministerio Público de la Defensa de este Poder Judicial y considero que lo más apropiado en esta instancia, es que tal conflicto laboral sea abordado desde el seno de dicho Órgano, quien tiene la facultad para ejercer su potestad disciplinaria y/o de organización”, destacó en la resolución el juez Hugo Daniel Ferreyra quien declaró inadmisible la denuncia por lo que resolvió registrar y administrar el caso.
Así las cosas, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, tendrá que salir a poner orden en la tropa y verificar las relaciones que se dan entre pares.
Pasado el mediodía de este miércoles, llegó un comunicado oficial del MInisterio Público de la Defensa donde explicaban: "Desde el área de superintendencia del MPD se recabo en su momento toda la información con la que se contaba y se elevó a Gestión Humana y Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que tome las medidas que considere pertinentes, ya que es el organismo que tiene las facultades disciplinarias".