El jurado decidió de manera unánime el fallo de culpabilidad. El condenado fue detenido en prisión preventiva hasta la imposición de la pena.
Tras diez jornadas de juicio, el empresario que fingió un ACV para evitar el enjuiciamiento pasó por las 10 jornadas de juicio y finalmente fue condenado por cometer abusos sexuales de su hijastra durante 19 años, desde que era una niña hasta su adultez.
El veredicto fue unánime y encontró responsable a J.R. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores.
La decisión fue adoptada por los 12 integrantes del jurado popular que intervinieron en el debate realizado en la Ciudad Judicial, quienes respaldaron la acusación presentada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, a la que adhirió el abogado querellante Carlos Caroselli.
El acusado fue declarado culpable por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental de la víctima, por haber sido el encargado de su guarda y por haber aprovechado la convivencia familiar cuando ella era menor de edad, en concurso ideal con corrupción de menores.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los abusos comenzaron cuando la víctima era una niña y se extendieron durante casi dos décadas.
Los hechos ocurrieron principalmente en la vivienda donde convivían hasta 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes laborales y hasta en un camión utilizado para transportar mercadería donde había una cama.
En su alegato de apertura, el fiscal Breide Obeid había sostenido que la fiscalía demostraría que "los hechos ocurrieron, que la persona acusada es un manipulador y que es culpable". En el cierre del debate reiteró ese planteo y solicitó al jurado un veredicto condenatorio, que finalmente fue acompañado por unanimidad.
Tras conocerse la decisión, el fiscal pidió que el acusado dejará de cumplir prisión domiciliaria y pasara a prisión preventiva hasta, al menos, el próximo 8 de agosto. El planteo fue acompañado por la querella y aceptado por el juez técnico del debate, Marco Lupica Cristo, quien ordenó su alojamiento en una unidad de detención.
La pena que deberá cumplir el empresario será determinada en una audiencia de cesura que será fijada en los próximos días por la Oficina Judicial.
Antes del inicio del debate, la defensa intentó suspender el juicio al sostener que el acusado había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que le impedía afrontar el proceso.
Durante la audiencia previa al inicio del debate que tuvo lugar ayer, el acusado manifestó que sentía malestar y comenzó a llevarse las manos a la cabeza, como muestra de dolor. Luego, el empresario se desvaneció y cayó al suelo en plena audiencia.
Sin embargo, estudios médicos impulsados por la fiscalía en ese mismo momento concluyeron que el empresario se encontraba en condiciones de ser juzgado. El juez de garantías Juan Manuel Kees rechazó el planteo, declaró al imputado apto para enfrentar el juicio por jurados y permitió que el debate comenzara el 18 de junio.
Además, otro intento de frustrar el correcto proceso judicial fueron recursos presentados por la defensa para excluir testigos y cuestionar la participación de la querella. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación desestimó por unanimidad los al considerar que esos planteos ya habían sido resueltos durante la etapa previa del proceso.