Empezó el juicio contra un empresario acusado de abusar a una mujer durante 19 años

Un jurado popular empezó a juzgar a un empresario, J.R., por abusar sexualmente durante 19 años de una mujer de su entorno familiar y de cometer el delito de corrupción de menores.

La acusación está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte y completa el equipo del Ministerio Público Fiscal la agente Carolina Muñoz.

En el alegato de apertura realizado este jueves, Breide manifestó que “a lo largo del juicio vamos a demostrar que los hechos ocurrieron, que la persona que se encuentra acusada es un manipulador y que es culpable”.

Para la producción de la prueba se recibirán aproximadamente 40 testigos, entre los cuales se encuentran el de la víctima, familiares de la mujer, testigos, peritos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en la investigación.

El debate fue programado para desarrollarse entre este jueves y el próximo 2 de julio y, una vez concluida la producción de la prueba, el jurado deberá resolver si el imputado es culpable o no.

Los delitos por los cuales Breide Obeid y Sabatte acusaron a J.R. son abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en carácter de autor.

El abogado particular Carlos Caroselli, que interviene como querellante en representación de la víctima de los hechos, adhirió a la acusación presentada por los funcionarios de la fiscalía.

El juez técnico que está encargado de dirigir el debate es Marco Lupica Cristo y, en caso de que el jurado dicte un veredicto de responsabilidad, será el encargado de fijar la pena.

Previo al inicio del juicio, la defensa planteó que J.R. padecía una enfermedad que le impediría afrontar el proceso. Sin embargo, a partir de una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que el acusado se encuentra en condiciones de ser juzgado y declaró que es apto para enfrentar el debate.

marco lupica cristo

"Ruptura del secreto familiar" sobre los abusos en la casa, oficinas y hasta un camión

El imputado es J.R., cuyo nombre se preserva por parte del MPF con el objetivo de evitar la identificación de la víctima y protegerla. "Ella reveló los abusos siendo mayor de edad, lo cual implicó una ruptura del secreto familiar y la posterior denuncia", destacó Sabaté.

De acuerdo con la acusación, el hombre abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Según la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía, los abusos fueron cometidos principalmente en la vivienda en la que convivieron, aunque también en ámbitos laborales del acusado.

“Los hechos ocurrieron principalmente en el domicilio en el que convivieron hasta el año 2020”, detalló la asistente letrada del MPF durante la audiencia de control de la acusación. Además, puntualizó que también ocurrieron en las oficinas de distintas empresas que tenía el imputado en Neuquén, en hoteles donde se alojaban durante viajes que realizaba con la víctima y en un camión utilizado para transportar mercadería, que contaba con una cama.

SFP Ciudad Judicial (5)

Sebastián Fariña Petersen

Por estos hechos, fue acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso en la salud física y mental de la víctima.

Otro agravante es que el imputado estaba encargado de la guarda de la niña. A ello se suma que los hechos fueron cometidos contra una menor de 18 años y aprovechando una situación de convivencia preexistente —esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad—, en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en carácter de autor.

Debate sobre la enfermedad del acusado y otros planteos previos al juicio

Previo al inicio de la elevación a juicio, la defensa planteó que J.R. padecía una enfermedad que le impediría afrontar el proceso. Sin embargo, a partir de una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que el acusado se encuentra en condiciones de ser juzgado y declaró que es apto para enfrentar el debate.

Este martes, en la Ciudad Judicial, se realizó una audiencia de impugnación. El fiscal jefe, junto a la asistente letrada, pidieron que se rechazaran dos planteos del abogado defensor, Marcelo Muñoz: uno para excluir a personas ofrecidas como testigos por el MPF que son familiares directos del acusado; y otro para declarar abandonada la participación de la querella debido a que la víctima no estuvo presente en la audiencia de control de acusación.

“Ambos planteos ya fueron resueltos en la audiencia de control de acusación”, indicó el fiscal jefe. “Y esto no tiene una instancia recursiva en este momento”, añadió, por lo que requirió que se declarara inadmisible el recurso de impugnación. La querella adhirió al planteo a través del abogado Carlos Caroselli.

Por unanimidad, el Tribunal de Impugnación, integrado por Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Patricia Lupica Cristo, avaló la postura del MPF. “Todo lo decidido en esa audiencia no puede ser impugnado en este momento, sino que luego, en caso de obtener una sentencia desfavorable, se podrá reeditar esta cuestión”, indicaron al declarar inadmisible el primer agravio.

Respecto del segundo planteo, lo declararon admisible de manera excepcional y señalaron que “en este caso sí podría causar un agravio de imposible reparación ulterior”. Sin embargo, lo rechazaron sobre el fondo de la cuestión, al considerar que la legislación establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso por sí o por representante legal o mandatario” y que, dadas las particularidades del caso —el tipo de delito investigado y la carga que implica para la víctima participar de las audiencias—, “no existe duda sobre quién es su patrocinante ni sobre que su voluntad es continuar con el proceso”.