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La semana pasada, una situación insólita tuvo lugar durante una audiencia en Ciudad Judicial, en la que la defensa pública solicitó la prisión domiciliaria para un presunto ladrón acusado de robo, detenido por no haber respetado la misma medida con anterioridad. Efectivamente, la consiguió.
La decisión normalmente generaría el repudio de cualquiera, pero lo cierto es que es crucial entender todas las circunstancias que la rodean para comprender la resolución, principalmente el choque de derechos que se presenta entre los de la víctima y el imputado. Como viene cubriendo este medio en los últimos meses, la situación carcelaria llegó a un punto límite y es así que actualmente, los jueces deben decidir, en resumen, qué derechos se priorizan.
Díaz, el protagonista, fue capturado el pasado 23 de enero en un domicilio del barrio Alto Godoy, donde personal policial se acercó a allanar en el marco de la investigación por el robo de una moto. Los efectivos no lo buscaban a él, sino a otra persona, pero al identificarlo y comprobar que también lo buscaba la Justicia por otra causa, quedó detenido y a las pocas horas, por pedido de la fiscalía un juez ordenó su regreso a una prisión preventiva por seis meses para evitar que se fugue nuevamente y frustre el inminente juicio por el hecho que se le atribuye.
La defensa no se opuso en esa oportunidad, coincidiendo con la necesidad de proteger el derecho de la víctima del acceso a la justicia.
El hecho por el que se lo señala es un robo con arma a un joven de 25 años, con quien Díaz y un cómplice se reunieron en una oficina de calle Rivadavia 86 con la excusa de comprarle dólares, hace ya un año. Mientras que su cómplice logró huir, Díaz no tuvo la misma suerte y fue detenido con parte del botín en mano.
Teniendo ya un historial de reincidencia y evasión, era de esperarse que las partes coincidieran en la necesidad de que permanezca tras las rejas hasta el juicio. Establecido esto entonces, ¿qué situación cambió?
Cabe recordar que en diciembre pasado, las juezas Raquel Gass y Alicia Rodríguez ordenaron luego de que el Ministerio Público de la Defensa denunciara las condiciones de insalubridad y hacinamiento que se presentaba en todas las unidades, que se encuentran aún al borde del colapso y superadas en cupo. En ese contexto, también ordenaron al ejecutivo provincial la regularización de ciertas medidas de seguridad y el inicio de refacciones urgentes, aunque fuentes judiciales sostienen que desde entonces "no se observaron cambios significativos".
Lamentablemente, estas condiciones no se dan sólo en los penales, sino que se observa una situación muy similar en las comisarías.
De las comisarías que hay en la I Circunscripción de Neuquén (esto es capital y localidades en los alrededores), son pocas las que hoy cuentan con lugar para recibir detenidos, con unas tres plazas disponibles actualmente en toda el área. No obstante, se ven obligados a continuar recibiendo detenidos, metiendo más personas de las que debieran en cada celda.
Dado que el cierre de los penales se concretó con el fin de reducir su número de alojados, los condenados comenzaron a tener el mismo destino, dos de los cuales recientemente comenzaron a purgar sus respectivas condenas en alcaidías (algo que no debería ocurrir), ante la falta de lugar apto para este fin, como lo son las cárceles.
¿El resultado? Hay condenados, detenidos con prisión preventiva y contraventores mezclados en las comisarías, cuyas condiciones no dan abasto para alojar a tantas personas, ni en espacio ni en recursos. Esta información no es exclusiva de LM Neuquén, si no que fue compartida en una audiencia pública por el propio personal de la Policía encargado de la coordinación de detenidos y procesados en la capital.
En el caso de la Comisaría 46, donde desde el 31 de enero se encontraba nuevamente Díaz cumpliendo su prisión preventiva, se encuentra actualmente excedida en capacidad por solo una persona; solían ser dos hasta . No obstante, cada celda es compartida por entre dos y tres personas, lo que fácilmente se puede prestar al conflicto.
Para empeorar la situación, tal como expresó la defensora Luciana Petraglia esta semana, “se observa una escalada de violencia” entre los detenidos, y esto es un síntoma de la crisis carcelaria, contexto que también se siente en las comisarías y que Díaz vivió en carne propia a poco tiempo de su arribo a la unidad.
“Me atacaron tres personas apenas ingresé con un palo de escoba con punta de hierro, si no esquivaba perdía el ojo. Tengo heridas en el cuello, en la espalda, en el tórax y hematomas en la cabeza. Por suerte pude agarrar una frazada y usarla como poncho para parar puñaladas” contó el protagonista de esta historia en audiencia sobre su estadía en la comisaría de Plottier.
La solución de los efectivos de la unidad fue enviarlo a otra sala antiguamente usada como sala de entrevistas; un sector de “castigo” presente en todas las sedes denominado “buzones”, donde habitualmente se aloja por el tiempo que sea necesario a aquellas personas más conflictivas.
En este caso, se consideró como la única alternativa para separar a Díaz de quienes le querían hacer daño, como “protección”, aunque no se tuvieron en cuenta las condiciones en que se encuentra. De hecho, la propia jefa de la comisaría, la comisario Patricia Silva, aseguró desconocer el espacio por no tratarse de su tarea.
Esta nueva circunstancia fue lo que llevó a los defensores José María Maitini y Rául Caferra a solicitar la morigeración de la preventiva que cumplía el acusado el viernes pasado.
Según la información brindada en audiencia por un funcionario del Servicio de Gestión Penal (SGP), el espacio “buzones” de la 46 es una habitación de 3,40 metros de largo por 1,76 metros de ancho, con una ventana enrejada sin vidrio, sin un lugar para ir al baño. En el piso, se colocaron dos colchones (uno para Díaz y otro para su compañero de celda) que, junto a una silla, conforman el único mobiliario en ese espacio. Se trata de un espacio del tamaño de un auto mediano de punta a punta.
No cuenta con agua corriente ni luz eléctrica y sólo recibe un ingreso de luz natural mínima durante el día.
Si alguno quiere ir al baño, debe pedir permiso, y si por algún motivo no los dejan salir, los hacen orinar en una botella, que luego queda junto a ellos en el piso. Al menos dos de ellas permanecían allí al momento de la inspección ocular que ordenó el Ministerio Público de la Defensa.
“No hay otra instalación sanitaria, se depende de la buena voluntad del cuartelero cuando uno llama, hay que gritar y esperar que escuchen”, resumió el licenciado Fabián Porter, del SGP.
Los cables expuestos que salen del techo y de un toma corriente a pocos centímetros del suelo tampoco hacen de la celda un espacio muy seguro. De hecho, Díaz ya sufrió una pequeña descarga eléctrica al darse vuelta mientras dormía y accidentalmente tocar los cables junto a su colchón.
Además, “la comisaría no les provee agua mineral y Díaz manifestó que en varias oportunidades solicitó que se le provea agua para tomar y no la quiere consumir porque ha observado, por el gusto y el color, que el líquido que le entregan no sería agua potable, no pudiendo establecer si tiene algún otro tipo de aditamento”, contó el funcionario. Lo cierto es que el detenido aseguró haber detectado que se trataba de orina.
Finalmente, tampoco se pudo afirmar que se cumplan los estándares mínimos de higiene, ya que “la higiene es imposible que exista en un lugar donde uno no tiene ni una pileta donde higienizarse”, como destacó Porter.
Las condiciones violan todo lo normado y recomendado por la Constitución Nacional, la Provincial, el Código Procesal Penal neuquino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta los estándares mínimos establecidos por el Comité Nacional Contra la Tortura, que en principio, no solo señalan el derecho del acceso a espacios de esparcimiento, luz natural y agua potable, sino un espacio de 6 metros cuadrados por persona.
La situación era compleja, principalmente porque Díaz no sólo es reincidente sino que ya registra una violación de la prisión domiciliaria y se encuentra aguardando el juicio por el hecho de robo y otro de encubrimiento.
No obstante, a las claras, la situación de encierro en esas condiciones es insostenible y así lo plantearon desde la defensa en varias instancias.
El requerimiento primero pasó por dos jueces que, por escrito y coincidiendo con la postura de la fiscalía, afirmaron que “no se dan las condiciones infrahumanas”. Por eso el debate llegó a manos del juez del interior Diego Chavarría Ruíz.
A todo lo ya expuesto se sumó también la propia declaración de Díaz, que sostuvo que su vida sigue en peligro en caso de volver a una celda común en esa unidad.
“La realidad es que ellos quieren que yo vuelva a la celda para sacar a las personas conflictivas. Me quieren meter para que yo haga una limpieza y trate de hacer un pabellón de conducta, corriendo riesgo mi vida. A mí me atacaron tres personas, yo no puedo estar con esas personas, no quiero morir detenido, tengo hijos afuera y quiero salir vivo de acá, pero esto está tan naturalizado que hasta los mismos penitenciarios hacen hinchada con estas peleas. Yo sé que cometí un error y por eso estoy acá, enfrento a la Justicia, pero mis derechos tienen que ser cumplidos. Siempre traté a todos con respeto y merezco lo mismo”, declaró el acusado ante el juez Chavarría.
Lamentablemente, por la sobrepoblación que hoy enfrentan las comisarías también, a Díaz no se lo puede trasladar a otras del oeste de la capital, como había solicitado. Tampoco sería apropiado trasladarlo a una en el interior de la provincia, ya que así se estaría incurriendo en otra violación: el de su derecho a recibir visitas.
“El señor Díaz no puede permanecer ni un minuto más en este buzón porque viola todo tratado y toda norma y además este buzón tiene que ser clausurado. No podemos seguir reconociendo en la ciudad de Neuquén espacios donde estén personas privadas de su libertad en un espacio de 3 mts de largo por 1 de ancho, en un estado de derecho esto no se puede avalar porque es una tortura encubierta. Es algo que está, que ni siquiera la jefa de la comisaría lo conoce, que muchos sabemos, pero sobre lo que poco se hace”, expresó el defensor Maitini.
En este sentido, respaldó su argumento con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan que “cuando no se pueden garantizar las condiciones dignas de detención, se debe proveer otra cautelar”.
“Hemos naturalizado tanto esta situación que hasta la propia fiscalía dice que no se dan las condiciones infrahumanas. Hoy es este buzón, mañana será otro. Está bien, no se puede levantar una pared de un día a otro, pero ¿qué hacemos? Porque nos han reconocido acá que hay personas condenadas en comisaría y la U11 no recibe más personas. Si continuamos con esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Los vamos apilando? Naturalizamos un depósito humano. ¿Esperamos que se genere espacio con un muerto?”, señaló Maitini.
Caferra se expresó en el mismo sentido: “Esto es un depósito, viola la dignidad humana y queremos advertir a todos los jueces que están incurriendo eventualmente en una responsabilidad funcional, por lo que dice el artículo 16 del Código Procesal Penal. Nuestra naturalización no hace que la ilegalidad se borre, no se pueden guardar personas como si fueran un estropajo”.
Dentro de sus pedidos, no sólo se requirió morigerar la preventiva de Díaz a una domiciliaria por no poder ofrecerle un lugar de alojamiento digno, sino además que se clausure el sector “buzones” de la Comisaría 46 y que se informe de sus características y de toda la situación al Ministerio de Gobierno provincial, la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Derechos Humanos, para trabajar en una inmediata reversión de la situación.
Por su parte, el asistente letrado de la fiscalía Andrés Carrea priorizó proteger la garantía de llevar la causa a juicio. No negó la sobrepoblación ni las condiciones de encierro, pero opinó que “lamentablemente esto es Neuquén, no es Suiza y contamos con otro tipo de recursos”.
Con esto en mente, solicitó el rechazo del pedido de la defensa y pidió que se sostenga la prisión preventiva hasta la realización del juicio.
La audiencia se extendió por tres horas, pero el juez Chavarría Ruiz no dudó de su postura, resolvió a favor de la defensa y le dio un voto de confianza al detenido, entendiendo que lo primordial era su seguridad y dignidad.
La fiscalía pidió la revisión del fallo ante un nuevo tribunal, pero desistió del mismo dos días más tarde. Díaz está actualmente cumpliendo la prisión domiciliaria a la espera de la nueva fecha de juicio, en constante contacto con sus defensores y con una tobillera que monitorea su ubicación las 24 horas.