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Ante la crítica situación en la que se encuentra el edificio judicial de Zapala conocido como el Palomar, se llegó a un acuerdo entre Sejun y la comisión especial que formó el Tribunal Superior de Justicia y se aceptó trabajar en forma remota durante 60 días para que no colapse el sistema. Resta una definición del TSJ.
El acuerdo fue informado por el gremio de los empleados judicial que plantaron bandera el pasado 29 de marzo y abandonaron el edificio de Etcheluz y Zeballos que no pasó una prueba de hermeticidad por lo que les cortaron el gas.
A ese escenario se sumaron varias irregularidades más que hacen que el Palomar, como le dicen al edificio, no reúna las condiciones apropiadas para que se pueda trabajar de manera segura.
“En el encuentro las partes acordaron implementar, por un periodo estimado de 60 días, teletrabajo en modalidad y horarios habituales con el fin de retomar las tareas normales y habituales en los organismos. Ante esto, la Comisión de Trabajo procurará la gestión de los recursos informáticos y tecnológicos necesarios y los titulares de cada organismo serán los responsables de la organización de los equipos de trabajo y la puesta en marcha”, indicó Sejun en un comunicado que publicó en su red social.
Uno de los aspectos que se estaba negociando para retomar las tareas en forma remota era una compensación económica excepcional y extraordinaria.
Es así que se estableció pagar: “8 mil pesos semanales para quienes pongan a disposición sus equipos personales, y de 7 mil pesos semanales para el personal al que se le provea equipos de propiedad del Poder Judicial. Dicha suma se hace en compensación de los gastos de conectividad, electricidad y otros gastos menores”.
Ante esta situación, el TSJ deberá informar a la ART para que estén al tanto de los empleados que se sumen al trabajo remoto.
Cimientos y electricidad
En la reunión que se concretó, se hizo presente el ingeniero Antonio Nervi, a cargo del estudio de la estructura del Palomar y explicó que el edificio se encuentra en buenas condiciones considerando los años de antigüedad de la construcción (1979) y aclaró que el hormigón de la fundación es de excelente calidad, sin presentar fisuras en la estructura del edificio.
Nervi admitió que “de acuerdo a las condiciones de seguridad, dicho inmueble no se encuentra en condiciones para ser habilitado como oficinas públicas por cuanto fueron concebidos como residencias particulares”.
A esto hay que sumar que hay otros informes en danza que están vinculados a la instalación eléctrica ya que había intensiones de comprar tres equipos de frío-calor para el edificio, pero por ahora se sugirió "no enchufar nada más que lo que está".
El comunicado de Sejun concluye reiterando que hay voluntad y predisposición de los trabajadores, pero atento a que existe un informe de seguridad e higiene que detalla irregularidades importante, “sostenemos que el personal no cumplirá funciones presenciales en dicho edificio hasta su subsanación”.