Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal en distintas provincias. Hay más de una treintena de personas detenidas y cientos de pistolas, revólveres y fusiles incautados.
Una organización mafiosa que incluía a neuquinos fue desbaratada en un procedimiento a gran escala realizado por la Policía Federal en distintos puntos del país. Fueron detenidas 35 personas y se incautó un arsenal de armas cortas y largas, y miles de municiones.
El operativo estuvo supervisado por un juzgado nacional bonaerense e incluyó a más de una decena de provincias. La acción investigativa se denominó “Operación Armas Sin Fronteras” y tuvo el respaldo del Ministerio de Seguridad Nacional.
De acuerdo a lo informado por la Policía Federal Argentina, el resultado fue muy positivo y se pudo desmantelar una banda dedicada al desvío de armas de fuego al mercado ilegal, las cuales eran compradas mediante el uso de “testaferros”, para luego ser vendidas a organizaciones criminales que operan en nuestro país y en otros territorios limítrofes, como Chile y Uruguay.
La investigación, que tuvo dos años de desarrollo, fue llevada a cabo por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), responsabilidad de Santiago Marquevich.
El inicio de la causa se produce a raíz de la denuncia formulada por el RENAR, con relación a la existencia de una organización dedicada a adquirir armas de fuego en forma presuntamente lícita en el mercado legal, para luego comercializarlas en el mercado negro.
Luego de diversas tareas de campo y de inteligencia criminal, se estableció que los delincuentes encargados de las maniobras ilícitas utilizaban testaferros para adquirir principalmente pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, en significativas cantidades y escaso período de tiempo, en muchos casos sin capacidad económica sustentable para ello, generando así la sospecha de ser acciones fraudulentas. A partir de esta pesquisa, se detectó también la posible vinculación en el entramado de armerías dedicadas a este negocio específico, como también gestores de tales tipos de trámite.
De esta manera, la organización introducía el armamento en el mercado negro, inclusive limando sus numeraciones y transportándolas en contrabando hacia países limítrofes como por ejemplo Chile y Uruguay, recaudando grandes cantidades de dinero en efectivo que luego invertían en compras de bienes muebles e inmuebles, configurando una importante red de lavado de activos.
Las pesquisas realizadas por los efectivos federales revelaron la estructura de la organización, que se encontraba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles, tratándose de exempleados del RENAR (expulsados por la actual gestión), quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia de armamento en los que participaban los “testaferros”.
En forma paciente, los investigadores de la Federal lograron identificar a responsables de armerías, instructores de tiro y usuarios irregulares del RENAR, es decir, testaferros.
Con el total de las pruebas recabadas, el magistrado interventor ordenó la realización de 140 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, de Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego y una orden de presentación en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires.
Durante los allanamientos, fueron detenidos 35 integrantes de la organización delictiva, conformada por 4 mujeres y 31 hombres.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor. Además, efectuada la consulta con el magistrado en lo que respecta a los detenidos, el mismo dispuso que los hombres sean remitidos a la Alcaidía Madariaga, mientras que las mujeres a la Alcaidía Cavia, para continuar con las medidas procesales de rigor.