POR CAMILO CIRUZZI / Especial
POR CAMILO CIRUZZI / Especial
El mercado del gas argentino transita momentos de reacomodamientos no exentos de tensiones. Tras el impacto generado por el anuncio de cumplir estrictamente de la resolución 46, un ajuste de los contratos de provisión de gas desde Bolivia y el fin de los contratos de exportación a término hacia Chile y Brasil, las empresas licitaron los contratos de gas para consumo domiciliario de 2019 en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa).
El precio promedio del gas en boca de pozo en la subasta del jueves fue de 4,62 dólares por millón de BTU (British Termal Unit), casi un dólar por encima de lo que esperaba el Gobierno.
Según explicó el ex secretario de Energía, José Luis Sureda, “los precios obtenidos reflejan la situación de oferta/demanda y de incertidumbre del tipo de cambio”.
Es que el mecanismo de licitación que echa luz sobre los contratos entre productoras y distribuidoras para el aprovisionamiento del fluido virtualmente elimina la dolarización de las tarifas y establecerá un tipo de cambio de referencia (que se definirá a fines de marzo) para fijar el precio que llegará a los hogares.
Básicamente el precio se explica en que las empresas operadoras no contrataron seguros para afrontar la inestabilidad cambiaria argentina y cubrirán las eventualidades económicas con el precio logrado en la subasta. Luego, probablemente tras las elecciones presidenciales, se haga un reajuste de la tarifa para compensar el desfasaje. El precio del dólar a fines de marzo será el que fije el aumento de tarifa en la boleta, que según anticipó el Gobierno no será superior al 35%, pero con una expectativa de 48 pesos por dólar en diciembre de 2019, la corrección pegará de lleno en plena temporada estival.
“La única posición posible para el Gobierno era decir que esperaba una baja en el Megsa, pero estaba claro que los precios iban a aumentar porque algo más bajo no reflejaba la realidad”, explicó Sureda, y agregó: “Esto tiene que ir a tarifa. El Gobierno debe asumir el resultado y evitar a toda costa anularlo o hacer alguna maniobra para modificarlo porque va a generar incertidumbre. Este es el método que eligieron y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.
Sin embargo, el resultado de la compulsa no deja de ser bueno todas las partes. Para Sureda “a las empresas globalmente les cierra”. “Creo que es un número para que estén bien, sobre todo si son diversas y tienen gas en todas las cuencas, como es el caso de Pan Aamerican Energy”, expresó.
Además, en un año electoral “hay un equilibrio. Si la cosa se va demasiado para arriba, tanto en precios como en impuestos asociados, hasta un nivel difícilmente digerible pero aguantable para la sociedad, el Gobierno va a tocar ese límite porque podrá ajustar el déficit fiscal que es el principal problema que tiene”, añadió el funcionario.