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A principios de agosto se conoció en Mendoza un caso de reiterados abusos a una menor de 10 años. La niña había quedado embarazada y las sospechas estaban centradas en su núcleo familiar. Mientras la víctima permanecía internada en un hospital de la capital provincial, ya cursando su octavo mes de gestación, dos de sus parientes oriundos de Bolivia fueron detenidos. Ahora se supo que uno de ellos, de 15 años, es el padre del bebé que nació en septiembre y que fue entregado en adopción. El agresor, al ser menor de edad y por ende inimputable, se volvió a su país.
Primero había caído un primo paterno de 23 años. Días después cayó un tío, hermano de la madre, de 15 años. Esa detención cambió el rumbo de la causa que está a cargo de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert, ya que se dividió en dos porque uno de los acusados es menor e inimputable y se dio intervención a Liliana Curri, de la Fiscalía Penal de Menores. Lo cierto es que ambos habían sido marcados por los familiares más cercanos de la víctima como autores de las vejaciones, por lo que uno de ellos sería el progenitor del bebé que esperaba la pequeña.
“Nos quedan unos procedimientos para realizar y estaremos en condiciones de elevar el caso a juicio contra el tío de 23 años de la nena”. Cecilia Bignert La fiscal de delitos contra la Integridad Sexual en Mendoza
El parto por cesárea fue a principios de septiembre en el Hospital Diego Paroissien, en Maipú. Tras el nacimiento, el pequeño fue separado de la madre biológica, pues iba a ser dado en adopción a una familia que se ofreció a recibirlo.
En el medio de esa situación se tomó una muestra genética del recién nacido, que serviría para realizar el cotejo de ADN y le permitiría a la Justicia conocer la identidad del abusador que dejó embarazada a la niña. Todo el proceso se realizó bajo un estricto secreto para proteger los derechos de la víctima y de la nueva familia que albergaría al bebé. Fuentes judiciales confirmaron que el cotejo de ADN dio positivo para el tío de la víctima, de 15 años.
El Órgano Administrativo Local (OAL) quedó a cargo del adolescente, que regresó a su país para que no tenga contacto con la víctima de las violaciones. Será el OAL el que deberá realizar un seguimiento para tomar los cuidados necesarios en caso de que, en algún momento, decida volver a la provincia. Por su parte, se mantiene la acusación en contra del primo de la pequeña que fue detenido en primer lugar.