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El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) aprobaron de forma unánime el Protocolo Marco y los lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en ese nivel una vez que la situación epidemiológica lo permita.
El documento que habilitará el regreso a las aulas, se basa en criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como también de organización académica y pedagógica. El mismo establece acciones preparatorias y un monitoreo constante de las actividades y es el resultado de un proceso consensuado y de amplia participación en el que se consideraron los aportes de especialistas, entidades educativas, centros de estudiantes y sindicatos, entre otros, en base a un material elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud.
El Protocolo Marco constituye un piso mínimo de requerimientos sobre los cuales cada institución podrá definir criterios específicos que se adapten a las particularidades de las actividades que realizan. También contiene los lineamientos generales que encuadran y complementan los objetivos sanitarios y de seguridad deseados.
Al respecto, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, expresó: “El compromiso del cuidado de la salud es nuestra prioridad. Creemos que la construcción del regreso a la presencialidad demanda de profundos consensos de toda la comunidad educativa. La decisión del regreso físico a las aulas será tomada por cada rector y rectora una vez que la situación epidemiológica de cada región así lo permita y se garanticen las condiciones sanitarias establecidas en los protocolos”.
Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk celebró “la aprobación del instrumento colectivo que permite planificar el regreso” y sintetizó tres objetivos alcanzados: “Hemos logrado preservar la salud de nuestras y nuestros estudiantes y docentes al momento de suspender la presencialidad. También, logramos sostener el derecho a la educación pudiendo brindar un primer cuatrimestre en el que las y los jóvenes universitarios han accedido a clases virtuales. Por último, garantizamos la calidad académica para 2.200.000 de alumnas y alumnos”.