Su familia denunció desaparición forzada, incomunicación y riesgos para su vida. Qué se sabe del único argentino detenido por el régimen venezolano.
La situación del abogado argentino Germán Giuliani volvió a escalar en el plano internacional. Tras más de 300 días detenido en Venezuela, su familia presentó un pedido formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dicten medidas cautelares urgentes.
El reclamo apunta a garantizar su vida, conocer su estado de salud y acceder a información concreta sobre su situación judicial en un contexto que describen como crítico.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y busca activar mecanismos internacionales ante lo que consideran una detención irregular, sin garantías básicas y con riesgos graves para su integridad.
El planteo presentado ante la CIDH exige acciones inmediatas del Estado venezolano. Entre los puntos centrales, se solicita que se adopten medidas para proteger la vida e integridad física de Giuliani, así como también que se informe con precisión dónde se encuentra detenido, en qué condiciones y bajo qué cargos formales.
Según la documentación, el caso reúne los requisitos establecidos por el organismo para intervenir: gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.
La familia sostiene que el abogado permanece privado de libertad sin acceso adecuado a defensa, sin contacto regular con autoridades consulares y con restricciones severas en la comunicación.
Además, el pedido incluye la liberación inmediata, bajo el argumento de que no existen garantías judiciales mínimas que respalden su detención.
De acuerdo con la presentación, Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Anzoátegui. Durante los días posteriores, su familia no recibió información oficial sobre su paradero, lo que encuadran como un período de desaparición forzada.
El documento describe una situación de aislamiento extremo, con incomunicación prolongada y acceso muy limitado al exterior. También se detallan denuncias de malos tratos físicos, incluidos golpes para forzar declaraciones, junto con condiciones de detención que no cumplen estándares internacionales: falta de atención médica, alimentación insuficiente y restricciones severas en el contacto con familiares.
En paralelo, las autoridades venezolanas vinculan al abogado con delitos como terrorismo y narcotráfico. La familia rechaza esas acusaciones y sostiene que son infundadas, sin pruebas públicas que las respalden.
El caso de Giuliani se destaca dentro de un contexto más amplio. En los últimos años, varios ciudadanos argentinos fueron detenidos en Venezuela en situaciones similares, aunque la mayoría recuperó la libertad tras gestiones diplomáticas o negociaciones indirectas.
Hoy, Giuliani es el único argentino que permanece detenido en ese país, lo que aumenta la presión sobre su situación y refuerza la estrategia de internacionalizar el reclamo.
La falta de vínculos directos entre los gobiernos de Argentina y Venezuela limita las gestiones oficiales, por lo que el caso avanza principalmente a través de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. En ese escenario, la intervención de la CIDH aparece como una herramienta clave para intentar garantizar protección inmediata.
El expediente plantea interrogantes abiertos sobre el alcance de la respuesta internacional. En un contexto complejo, marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos, el futuro del abogado depende ahora de la capacidad de esos organismos para incidir en una situación que combina opacidad, tensión política y riesgos concretos para su vida.