Neuquén.- Con muy poca astucia, Mario Di Masi, efectivo de la Comisaría Tercera, presentó un certificado médico trucho para justificar una inasistencia al trabajo. No sólo la firma que figuraba en el documento no se correspondía con la de la médica que supuestamente lo emitía, sino que ese consultorio médico tampoco atiende los sábados, día que faltó. Por ese hecho, la Justicia lo acusó y no se descarta una suspensión de juicio a prueba.
Ayer se realizó una audiencia en la que el juez Mauricio Zabala avaló el pedido de la fiscalía y acusó al uniformado por uso de documento público falso.
Además, el magistrado otorgó un plazo de investigación por el término de cuatro meses, tal como lo solicitó la fiscal del caso Paula González.
Sentado en el banquillo de los acusados y con su uniforme puesto, el efectivo policial escuchó la teoría de la fiscalía, quien relató que el hecho en cuestión ocurrió el 20 de mayo de 2017. Ese día, un sábado, a los fines de justificar su inasistencia a la jornada laboral en Comisaría Tercera, presentó luego un certificado médico falso.
Al respecto, la fiscal detalló que fue la auditora del Servicio de Medicina Laboral, quien advierte que la firma del certificado médico no se correspondía con la de la doctora que figuraba, por lo que posteriormente se inició un trámite interno en la Policía.
Pero la firma no fue lo único que llamó la atención, sino que luego se constató que en dicho día no existe registro de que el uniformado haya utilizado la tarjeta de la obra social ni tampoco que haya asistido al consultorio médico que figuraba en el certificado que, por cierto, no abre esos días.
Así, las evidencias que existen contra el policía son los informes de Seguridad Neuquén, la auditora, la declaración de la médica de quien fue falsificada la firma, la copia del sumario administrativo de Asuntos internos, una pericia documentológica, el informe del consultorio médico y el secuestro del certificado médico.
“Hablamos de la posibilidad con la defensa de hacer una suspensión de juicio a prueba”, mencionó González y aclaró que no era necesaria ninguna medida de coerción.
Por su parte, la Jefatura ordenó el sumario administrativo de rigor y se aguarda la decisión judicial para determinar la sanción.
Cuatro meses de investigación tiene la fiscalía.
Es el plazo que solicitó la fiscalía para avanzar en el resto de las pericias y concluir la investigación. Durante ese periodo se podría llegar a establecer una suspensión de juicio a prueba.