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Del tres de julio han pasado sólo dos semanas. El arranque del séptimo mes del año implicó un giro para Alberto Fernández en la línea de tiempo que tiene por delante. Debe transitar un año y medio hasta concluir su mandato y lleva quince días del penúltimo semestre que le tocará transitar como Presidente. Dentro de un año la coyuntura estará signada por la previa de las presidenciales de 2023, pero la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía le adelantó todos los tiempos a una coalición oficialista cuyos dos principales socios llevaban cuatro meses sin hablar directamente sobre la marcha del Gobierno.
Tan grande era la interna dentro del Frente de Todos por la continuidad de Guzmán al frente del Palacio de Hacienda, que su renuncia pateó el tablero. Desnudó el escenario de fragilidad económica que analizaba silenciosamente hasta entonces junto al Presidente. El portazo virtual que publicó por Twitter (mientras CFK ofrecía un discurso desde Ensenada) también obligó a los socios de la coalición panperonista a verse las caras y comunicarse a la fuerza para evitar que la situación empeore.
Tan sólo han pasado dos semanas desde que fue reemplazado por Silvina Batakis. Su sucesora es la encargada de continuar con una parte de la gestión y hacerse cargo de las consecuencias que generará frente a una puja redistributiva que también adelantó sus tiempos. En ese caso las urgencias no están motorizadas por la incertidumbre electoral del 2023, sino por el impacto de la inflación que sigue manteniendo niveles inéditos respecto a las últimas tres décadas.
Este mes a Guzmán no le tocó experimentar la zozobra que vivió el 14 de cada mes. Ese día el INDEC publica el Índice de Precios al Consumidor. Los datos de junio le tocaron a Batakis. El 5,3% del mes pasado fue publicado este jueves. Mantiene la tendencia más alta de las últimas tres décadas, totaliza el 36,2% de los primeros seis meses y llega al 64% en la comparación interanual. El número, aunque parezca mentira, es visto como un "mal menor" frente al 7% que agitan las consultoras privadas para este mes.
El índice se conocerá dentro de cuatro semanas y reflejará las consecuencias del portazo de Guzmán y las remarcaciones indiscriminadas de las principales alimenticias. También la debilidad del Gobierno para evitar que esas grandes empresas aplicaran aumentos preventivos que, hasta ahora, ninguna autoridad económica se animó a reclamarles que los reviertan.
En esa pulseada se juega el minuto a minuto del Gobierno y la necesidad que obligó a los socios del frentetodismo a verse las caras. Tras la partida del economista, el Presidente y la vice ya concretaron tres reuniones privadas y en las últimas dos sumaron al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. No se juntaron para la foto sino para hacer un intento de ordenar la convivencia de la coalición mientras Batakis afronta los primeros embates del escenario que surge luego de la intempestiva salida de Guzmán.
Por ahora no se nota porque la vorágine de la crisis los dejó en un segundo plano, pero el silencio de CFK busca respaldar a Batakis en un momento donde se está reorganizando el dispositivo de Gobierno para evitar que la crisis se los lleve puestos.
Sin un control urgente del impacto de la inflación en el bolsillo de los sectores populares, la disputa redistributiva se acelerará, pero en las calles. El dato no es desconocido para los dos Fernández y para Massa. En ese contexto también se preguntan sobre la evolución de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ahora comenzó a mantener una interlocución con Batakis.
¿Habrá una renegociación antes de fin de año? En Hacienda prefieren no hablar del tema y se concentran en la última novedad de esta semana. Este viernes el secretario de Energía, Darío Martínez, oficializó el lanzamiento del formulario virtual para aplicar la segmentación de las tarifas de gas y luz. La reducción de los subsidios es parte de la negociación con el Fondo pero también es una zona muy sensible para el humor de una sociedad muy preocupada por la inflación. Un paso en falso en ese via crucis puede generar daños políticos para el oficialismo, pero también se trata de un punto determinante en la relación con el organismo que preside Kristalina Georgieva.
De la troika del FdT que volvió a reunirse luego de la salida de Guzmán, solamente ha sido la vicepresidenta la que anticipó que la situación en los barrios humildes de todo el país es cada vez más difícil de contener. De esa preocupación surge la instalación del debate público para implementar un salario básico universal.
Al igual que la Asignación Universal por Hijo podría aplicarse por decreto y luego garantizarlo por ley, pero la vicepresidenta considera que tiene que ser implementado por una ley del Congreso. Para eso la senadora Juliana Di Tullio presentará una iniciativa diferente al proyecto que está en la Cámara Baja y lleva la firma del diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman, para implementar un programa que llegaría a 7 millones de trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad con un aporte mensual de 14.000 pesos o equivalente a la canasta básica alimentaria.
De un modo u otro la polémica sobre el SBU le permite al oficialismo mantener una expectativa en medio de una conflictividad social que se incrementa. El 20 de julio se concretará la primera demostración de fuerza en todo el país para reclamarle al Gobierno un cambio en la política económica que aumente los montos para jubilados y desocupados, pero también un mensaje de mediano plazo para advertirle a los socios oficialistas que el malestar puede ser peor si no hay una medida de amplio alcance que frene la debacle inflacionaria.
Los planteos de los movimientos sociales aliados al oficialismo y de los sectores más opositores coinciden en un punto: este Día del Amigo no estarán reclamando aumentos para mejorar el ingreso sino para evitar que la inflación siga destrozando lo poco que reciben.
Esta semana no sólo arreciaron las voces de los territorios. También jugaron su ficha las patronales agroexportadoras. El miércoles concretaron un cese de comercialización de granos por un día y, sin decirlo, no le quitan la atención a la evolución del dólar oficial y también del blue que esta semana rozó los 300 pesos.
Fue un lockout más político que económico, porque la venta de granos se concretó igual en esa jornada. Las mismas centrales patronales que realizaron el cese saben que sus asociados siguen sumando récords de exportación y no dijeron una sola palabra respecto a las ventas que no se frenaron este miércoles pasado. Siguieron fluyendo a pesar de la demostración de fuerza.
En términos públicos el lockout quedó deslucido en medio de la coyuntura agitada que quedó con el cambio en Economía. Sólo contó con la presencia de un puñado de diputados opositores, pero alcanzó para coronar una demostración de fuerza que se viene cocinando desde principios de año. Los agroexportadores no quieren que el Gobierno suba las retenciones, pero la movida preventiva de esta semana sólo contuvo el estado de movilización interna.
Apenas asumió Batakis dijo que no tocará las retenciones. Lo mismo repitió su par de Agricultura, Julián Domínguez esta semana, pero resaltó que las quejas no se condice con el aumento del 40% en la venta de maquinaria agrícola y tampoco en la euforia que se respira en las ferias especializadas del sector. En el Gobierno no van a polemizar con los exportadores, pero admiten que dentro del oficialismo crece el debate interno para retocar los derechos de exportación ante el incremento de los precios internacionales por el impacto de la guerra en Ucrania.
El oficialismo admite que no tiene los votos para retocarlas y la oposición lo sabe, pero la pulseada está en pleno desarrollo y no sólo dependerá de los equilibrios frágiles del Congreso. La última palabra la tendrá la calle, el escenario donde los movimientos sociales volverán cada vez más seguido para descongelar la agenda del Congreso y obligar al Ejecutivo a que tome una decisión política para avanzar con soluciones de fondo a la crisis social antes de que sea demasiado tarde.