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En poco más de un mes, la Defensoría registró más de 180 asesoramientos y decenas de mediaciones por conflictos de distinta índole.
La Defensoría del Pueblo de Neuquén registró un inicio de año con demanda inusual de consultas, asesoramientos y mediaciones por conflictos cotidianos. Vecinos reclamaron por servicios básicos, problemas bancarios, estafas digitales, acceso a la salud y disputas entre particulares. El volumen de actuaciones superó el promedio habitual para esta época del año y evidencia una fuerte demanda de orientación estatal.
Desde el primer día de enero hasta mediados de febrero, la institución registró más de 180 actuaciones vinculadas a asesoramiento jurídico y alrededor de 80 mediaciones, una cifra que marca un ritmo intenso de trabajo y una creciente demanda de intervención del Estado como instancia de orientación y resolución de conflictos.
Según informó Gustavo Pereyra, defensor del Pueblo, en declaraciones radiales, entre los reclamos más frecuentes aparecen los vinculados al servicio de agua, un problema que se intensifica durante los meses de verano y que suele generar consultas reiteradas en la Defensoría. A estos se suman conflictos familiares y vecinales, que en muchos casos derivan en instancias de mediación para evitar la judicialización de las disputas.
Las deudas bancarias y la falta de respuesta de entidades financieras también forman parte de las consultas recurrentes. Vecinos que no encuentran canales claros de atención en bancos o financieras recurren a la Defensoría en busca de asesoramiento extrajudicial o judicial, especialmente en casos donde consideran que se vulneraron sus derechos como usuarios del sistema financiero.
Otro foco importante de reclamos tiene que ver con contratos de alquiler y situaciones vinculadas a la defensa del consumidor, donde las personas denuncian transacciones comerciales que consideran fraudulentas o incumplimientos contractuales. En estos casos, la Defensoría canaliza los reclamos a través de la ventanilla única de Defensa del Consumidor, iniciando el trámite administrativo para que los usuarios puedan continuar el proceso por vías oficiales.
Una de las problemáticas que más preocupa es el crecimiento de estafas a través de medios electrónicos, que afectan principalmente a personas mayores. Según relatan desde la Defensoría, muchas víctimas de fraude digital terminan con créditos solicitados sin su consentimiento o con débitos automáticos que no pueden frenar, mientras las entidades bancarias se deslindan de responsabilidades.
En varios casos, la Defensoría intervino ante el Banco Central de la República Argentina y logró la restitución de fondos, aunque advierten que no siempre existen mecanismos claros para suspender débitos o revertir operaciones realizadas mediante engaños. Esta situación genera un fuerte impacto económico y emocional en las víctimas, que se sienten desprotegidas frente a los sistemas digitales de las entidades financieras.
El acceso a la salud es otro de los ejes de consulta. Vecinos reclaman demoras en autorizaciones para cirugías, dificultades para acceder a medicación y falta de respuesta tanto en el sistema público como en obras sociales privadas y organismos nacionales como PAMI o el Instituto de Seguridad Social del Neuquén.
La Defensoría interviene en estos casos para gestionar autorizaciones y garantizar tratamientos, en un contexto donde la demora o la falta de cobertura puede implicar riesgos para la salud de los pacientes.
Además de los reclamos específicos, el organismo brinda asesoramiento judicial y extrajudicial en distintos temas legales, con más de 60 orientaciones realizadas en lo que va del año. Estas consultas incluyen desde conflictos contractuales hasta orientaciones generales sobre derechos y obligaciones, sin necesidad de iniciar procesos judiciales.
Las mediaciones, en tanto, buscan resolver conflictos entre particulares, como disputas vecinales o familiares, mediante acuerdos consensuados que eviten la intervención de tribunales.
Uno de los reclamos que más inquietud genera es el vinculado a infracciones de tránsito registradas en otras provincias, incluso en lugares donde los vecinos aseguran no haber estado nunca. La Defensoría del Pueblo recibió numerosas consultas por multas provenientes de jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
El problema se vuelve crítico cuando estas infracciones aparecen al momento de realizar trámites como transferencias de vehículos o renovación del carnet de conducir. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados a pagar las multas para poder continuar con los trámites, sin que se les permita realizar un descargo o ejercer su derecho a defensa.
Las sanciones suelen llegar con montos elevados, que pueden superar los 300 mil o 500 mil pesos, lo que genera temor y presión para pagar sin cuestionar. Desde la Defensoría advierten que esta práctica vulnera derechos constitucionales, como el derecho a defensa y el acceso a la documentación necesaria para circular.
El organismo impulsa una propuesta a nivel nacional para modificar este sistema y garantizar instancias de defensa previas al cobro compulsivo de infracciones, en el marco de convenios entre provincias y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En materia de consumo, la Defensoría actúa como puente entre los vecinos y el sistema de Defensa del Consumidor, iniciando trámites a través de la ventanilla única y orientando a los usuarios para que puedan seguir sus reclamos por vía administrativa. Las consultas incluyen compras fallidas, servicios defectuosos y contratos que no se cumplen.
Desde el organismo destacaron la importancia del rol del Estado como garante de los derechos de los consumidores, sin intervenir en decisiones privadas, pero asegurando mecanismos de protección frente a abusos o incumplimientos.
El incremento de consultas en la Defensoría del Pueblo es considerado un termómetro de las problemáticas cotidianas que enfrentan los vecinos de Neuquén. Desde servicios básicos hasta conflictos financieros, sanitarios y de consumo, los reclamos reflejan una demanda creciente de orientación, mediación y protección de derechos.