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El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte Gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de "tráfico ilícito de municiones", un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.
Allí ratificó que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, y se informó que ya se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía" que son parte de las 70.000 balas de gomas que salieron desde Argentina con el argumento de defender la embajada argentina. En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según el funcionario, "28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol".
Por otro lado, en Argentina, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó ayer la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia.
El ex presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.