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El Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y las tres fuerzas armadas, reivindicaron oficialmente en un comunicado el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 que instaló una dictadura que duró 21 años en ese país.
La reivindicación fue incluida en la Orden del Día de los cuarteles y fue divulgada en un comunicado por el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, posible candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las elecciones de octubre, y los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. "El movimiento del 31 de marzo de 1964 es un hito histórico de la evolución política brasileña, puesto que reflejó los anhelos y aspiraciones de la población de la época", dice la Orden del Día publicada en la página web oficial del Ministerio de Defensa.
Desde que asumió en 2019, todos los 31 de marzo el Gobierno de Bolsonaro, quien defiende que el régimen de facto que derrocó al presidente Joao Goulart haya aplicado torturas, exalta la fecha. El texto omite la mención de la palabra golpe pero también el cierre del Congreso, la censura previa, el asesinato, desaparición y torturas cometidas por el régimen durante sus 21 años, delitos de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad.
El comunicado repudia otros análisis sobre la dictadura al hablar de que la historia no puede ser "reescrita por mero revisionismo" y recuerda el apoyo civil que hubo. El golpe, alentado por EE.UU. según documentos del Departamento de Estado, instaló en el poder como jefes de Estado de 1964 a 1985 a los generales Humberto Alencar Castlelo Branco, Arthur de Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo.
Según los organismos de derechos humanos, más de 20.000 casos de tortura están documentados. La Comisión de la Verdad encargada en 2014 por la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) determinó que 434 personas murieron tras haber desaparecido en manos del régimen. Y se sospecha que 8.100 personas de al menos ocho tribus indígenas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas por parte del régimen militar para la invasión de tierras y desarrollo de proyectos de infraestructura, sobre todo en la selva amazónica.
Por la Ley de Amnistía autosancionada por la dictadura en 1979 que permitió el regreso de los exiliados y la apertura de los partidos políticos con elecciones regionales, los autores de crímenes de lesa humanidad en Brasil no fueron investigados, ni juzgados ni condenados. El Supremo Tribunal Federal determinó la vigencia de la Ley en 2009. Bolsonaro reivindica como un héroe al ex jefe de la Policía del régimen Carlos Brilhante Ustra, considerado uno de los jerarcas responsables de la prisión de casi tres años de Dilma Rousseff, quien fue torturada 22 días seguidos a inicios de 1970.