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En una relación marcada por la desconfianza y el desacuerdo, como era de esperar, el anuncio generó reacciones y las primeras resistencias de parte de algunos sindicatos docentes, que vienen llevando adelante reuniones con las autoridades educativas para alcanzar un entendimiento.
Además, uno de los gremios más combativos que confrontan con el gobierno porteño, se opuso al regreso a las aulas por el nivel de contagios en la Ciudad y definió las medidas presentadas como un “plan criminal”.
“Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, sostuvo el secretario adjunto Jorge Adaro. “Es una locura”, insistió Adaro.
“Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, expuso, y concluyó: “Nos reuniremos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir qué haremos. No descartamos medidas de fuerza”.