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En una audiencia de formulación de cargos realizada el miércoles, el fiscal Adrián De Lillo acusó a un hombre por cazar ciervos ilegalmente en una estancia ubicada en la localidad cordillerana, en infracción del artículo 24 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
Puntualmente, De Lillo detalló que el hecho ocurrió entre el 25 y el 27 de marzo de este año, cuando el acusado cazó animales en la estancia ubicada en proximidades del kilómetro 2085 de la Ruta Nacional 40, “sin contar con la autorización del propietario, administrador, poseedor o tenedor del fundo”.
El día 27 se realizó un allanamiento a su vivienda en el que se secuestró carne de ciervo, armas de fuegos y otros elementos relacionados a la caza, lo que llevó a la apertura de la investigación.
Durante la audiencia y tras detallar la prueba para respaldar la acusación, De Lillo solicitó la salida alternativa -discutida previamente con la defensa- en forma de una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año para el sindicado, como resolución del conflicto primario, teniendo en cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales. Esto quiere decir que queda sometido a una serie de compromisos a cambio de que, luego del plazo estipulado, no quedarán antecedentes en su haber.
Como condiciones de rigor, el hombre deberá fijar un domicilio e informar inmediatamente cualquier cambio sobre él, no cometer nuevos delitos y presentarse con regularidad ante la Dirección de Población Judicializada. Además, deberá entregar sus armas al Estado y, en concepto de reparación, también se comprometió a hacer una donación de dinero a la Cooperadora del Hospital de Villa La Angostura.
Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al acuerdo y otorgó la probation, advirtiendo al sindicado sobre las consecuencias en caso de no atenerse a las condiciones y que, de ser investigado por otro caso, no podrá acceder nuevamente a este beneficio, ya que el mismo se aplica una vez cada ocho años.