El funcionario nacional explicó que la medida se resolvió en el marco de la primera etapa del plan de revisión de 64.039 contratos de empleo público que puso en marcha el Gobierno, los cuales habían sido renovados en diciembre por la actual gestión macrista y volvían a vencer el 31 de marzo.
En una reunión que mantuvo con periodistas, el ministro Ibarra puntualizó que el criterio para estas cesantías fue "el no trabajo, la no aparición en los lugares de trabajo o la constancia de muy pocas horas en las dependencias", además de la "superposición de tareas" en los organismos.
