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La cuestión de los Derechos Humanos, tan cara para el peronismo, terminó por hacer trastabillar al gobierno de Alberto Fernández con algunas medidas controvertidas que parecen marcar el talante de desconcierto, propio de un final de época.
En su mensaje de renuncia al cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que la detención de siete mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu, una de ellas embarazada, “constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”.
La ex funcionaria -que inauguró el cargo desde el inicio de la gestión del Frente de Todos- no solamente puso en evidencia la desorientación en el manejo de la crisis de Villa Mascardi por parte de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, sino también la endeblez de lo que aún queda con vida de la coalición gobernante.
Otro hecho significativo que no dejó de llamar la atención fue la abstención ayer de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que ese organismo prosiga investigando los crímenes de lesa humanidad a los que se acusa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, amplísimamente documentados antes del inicio de las deliberaciones que concluyeron en Ginebra.
Pese a la tibia posición de la delegación argentina, mayoritariamente, se decidió que continúen las investigaciones.
Se trata de la primera vez que Argentina presidió la Comisión de DD.HH. de la ONU. Un hecho histórico podría haber terminado con modos más acordes a los tiempos que se viven de cara a una dictadura brutal; aunque más no sea para dar un poco de coherencia al rechazo del discurso del odio que tanto se preconiza desde el gobierno.