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Leonardo Rosas Altamirano y Franco Padilla, dos de los acusados de participar del violento tiroteo entre bandas en el que resultó gravemente herido el taxista Miguel Sisterna, permanecerán detenidos bajo distintas modalidades de acuerdo a lo requerido por la fiscalía. Además, se anunció que esta semana se pedirá la elevación a juicio ante un jurado popular.
En una audiencia llevada a cabo este miércoles por la mañana, la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo solicitaron la prórroga de las medidas cautelares que pesan sobre los acusados, dos de los cuatro hombres imputados en la causa.
Cabe recordar que según la teoría fiscal, Hugo Sura, Joel Gutiérrez, Leonardo Rosas Altamirano y Franco Padilla dispararon en medio de una persecución contra otro grupo de jóvenes con quienes mantenían una disputa, la tarde del 7 de agosto de 2020 en inmediaciones del barrio Cuenca XV. En esas circunstancias, en la esquina de Casimiro Gómez y Cabellera del Frío, una bala alcanzó al taxista Miguel Sisterna, quien llevaba a un pasajero.
Aunque Sisterna ya fue dado de alta, estuvo varios días en coma y en muy grave estado, y actualmente aún cumple con un tratamiento de rehabilitación para recuperarse de la lesión a su cabeza.
Es por esto que los cuatro se encuentran acusados por los delitos de tentativa homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de armas de fuego y de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego. También se les impuso medidas cautelares a fines de resguardar el proceso de investigación hasta el juicio, de acuerdo a las necesidades.
Este miércoles 10 y el domingo 14, estaba previsto que vencieran los plazos de la preventiva de Padilla y la domiciliaria de Rosas Altamirano, respectivamente. Por ello, la fiscal del caso solicitó la prórroga de las mismas ante la jueza Carina Álvarez, bajo las mismas modalidades y por un plazo de seis meses.
En cuanto a Padilla, señaló que los riesgos de entorpecimiento y fuga continuaban vigentes e incluso señaló que su conducta tras las rejas no fue la mejor, siendo que se le encontró un celular con el que accedía a las redes sociales durante su estadía en Comisaría Tercera.
Por otro lado, respecto de Rosas Altamirano, señaló que se comprobó que se apegó a las condiciones de su cautelar, pero por el riesgo de entorpecimiento aún vigente, es necesario mantener la medida.
A su turno, los querellantes Mario Rodríguez Gómez y Gabriel Gutiérrez adhirieron a su pedido.
Por su parte, los abogados defensores de Padilla, Facundo Trova y Laura Plaza, denunciaron un "direccionamiento" de la investigación hacia su defendido y requirieron una morigeración de su cautelar.
"La fiscalía quiere posicionar a nuestro defendido como un monstruo. Esto es una investigación totalmente direccionada. Padilla no tiene los medios para mantenerse prófugo y todas las personas que dijeron ser amenazadas son imputados que quieren salvar su propio pellejo o allegados a ellos", acusó Trova.
Mientras que su colega Plaza no sólo adhirió a lo manifestado, sino que denunció una supuesta irregularidad en las tareas investigativas. "El pasado viernes 5 de marzo, entre las 20:30 y 21, personal de la Brigada de Investigaciones fue a ver a algunos de los testigos de esta defensa y les dijeron que 'tengan cuidado con lo que declaran porque pueden incurrir en falso testimonio'".
Sobre esto último, Titanti indicó que efectivamente se le requirió a Policía que acudieran a entrevistar a los testigos aportados por la defensa, dado que no se originaba del legajo la información que estos aportarían, aunque negó un "apriete".
"Esto es todos contra Franco Padilla. La señora fiscal se ha jugado el todo por el todo contra él y por eso esperamos que esto se debata ante un jurado popular. Ha actuado al borde de la ilegalidad y lo vamos a demostrar cuando sea el momento. Esto es una tremenda pesadilla para el señor Padilla, a quien se intenta demonizar", insistió Trova.
A pesar de su oposición por no considerar acreditados los riesgos señalados por la fiscalía, la magistrada a cargo de la audiencia los consideró vigentes y como "la única forma capaz de neutralizar los riesgos". "No han variado las circunstancias desde que se impuso inicialmente la cautelar. Hay datos objetivos y de calidad para dar cuenta de una presunta participación en el hecho", opinó Álvarez y agregó: "No advierto lo que tan vehementemente señaló el doctor Trova de que todos están contra Padilla".
Por otro lado, respecto de la prórroga sobre la domiciliaria para Leonardo Rosas Altamirano, su abogada defensora, Melina Pozzer, no se opuso a la misma. Aún así, consideró excesivo el plazo de seis meses requerido por la parte acusadora y, teniendo en cuenta que en cinco meses alcanzaría el año bajo detención de su representado, solicitó se aplique este plazo.
Finalmente, Álvarez aplicó un plazo de cinco meses para ambas cautelares. Además, se supo que este viernes 12 de marzo está prevista la audiencia de control de acusación, en la que las partes requerirán la elevación a juicio de la causa, con la intervención de un jurado popular.