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Droga adulterada: el drama de los familiares de los adictos por una ley nacional

Tal como lo manifestaron diferentes madres de víctimas y de personas que terminaron internadas por consumir la cocaína adulterada, no pueden llevar a tratamiento a sus hijos por el dilema de que ellos deben aprobar el mismo.

En medio del drama que provocó el caso de la cocaína adulterada -la cual era comercializada en la villa denominada Puerta 8, la cual se encuentra en el distrito de Tres de Febrero-; las madres de las víctimas y de las diferentes personas que fueron afectadas por el droga en cuestión, dejaron en manifiesto el gran drama que se les presenta al vivir con un adicto: no pueden internarlos porque eso depende de una decisión de ellos mismo y no de terceros.

“Acá sirve que cambien las leyes”, exclamó la madre de uno de los afectados. “Sirve que abran más centros de rehabilitación para los jóvenes”, agregó Beatriz Mercau, cuyo hijo, de 41 años, adicto desde los 14, entró en paro luego de inhalar la droga y se encontraba hasta este sábado en grave estado.

En este sentido, ella explicó: “Cuando queremos internar a nuestros hijos nos dicen ‘¿y si él no quiere? y, señora, tiene que empezar a hacer algo…’”. Ante esto, ella replicaba: “¿Tiene que matar? ¿tiene que robar? No, hay que cambiar la mentalidad, no queremos hijos enfermos, no queremos hijos tontos, queremos una juventud sana, por favor, cambiemos las leyes”.

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Precisamente, La Ley de Salud Mental (n°26.657), votada a libro cerrado en el año 2010, aclara que es fundamental que para que una persona adicta sea internada en un centro de rehabilitación depende de la propia voluntad de una persona en cuestión, quien difícilmente se encuentre en condiciones de tomar ese tipo de decisiones.

El artículo 20 de esa norma detalla que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“La ley establece que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual, la psicoterapia”, le explicó el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN 114548 y MP 2476), de Olavarría al medio Infobae, recordando el caso de Chano Charpentier, en el que su propia madre pidió ayuda para que su hijo se recupere de la adicción.

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“La paradoja de esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas en vez de tratamientos; es el costo de no poder internar a los pacientes”, sentenció Carricart.

“Si la adicción es una enfermedad, quienes pueden definir el tratamiento, incluyendo la internación, son los médicos especialistas”, dice el abogado penalista Ricardo Klass. “Dejar que la decisión de internarse sea del adicto es abandono de persona, sin desmedro de lo que sufran familias y terceros. No se puede apelar a la voluntad de quien la tiene viciada”, sentencia.

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Impulsada por el CELS, la Ley de Salud Mental asimila el tratamiento psiquiátrico a la tortura y pone innumerables trabas a una internación contra la voluntad del paciente; dándole más peso a la libertad que a la salud tanto de la persona en cuestión, como de su entorno.

Entre sus disposiciones más polémicas, también disponía el cierre de los establecimientos psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido en 2020), junto con el aumento de los fondos destinados a la especialidad hasta llegar a un 6% del presupuesto de Salud, algo que no se ha cumplido en absoluto. Tampoco la creación de “dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales especializados. Sin embargo, muchos de los centros dedicados al tratamiento de adicciones en el Gran Buenos Aires sí han sido cerrados. Esto implica el triunfal anuncio de Axel Kicillof sobre la “desmanicomialización” que implica ni más ni menos que el cierre de esos establecimientos.

Sucede que, de acuerdo al espíritu de quienes elaboraron esta ley, las internaciones de pacientes psiquiátricos y de adictos deben hacerse en los hospitales generales, algo que escapa al sentido común, ya que el tratamiento de estas personas es muy diferente al de cualquier otra enfermedad.

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