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Mucho se ha hablado en tiempos de coronavirus de “la otra” pandemia. Mientras los hospitales llenan sus filas y los médicos esperan que el virus de tregua, con un encierro obligado han salido a la luz infinitas escenas de violencia de género. “Vamos a tener una suba de femicidios y travesticidios”, aseguró en una entrevista con Infobae Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
En lo que van del año, según lleva contabilizado el observatorio “Ahora que si nos ven”, se han registrado 223 femicidios en el país y la prioridad de Gómez Alcorta es “poder bajarlos”.
Al igual que los muertos por la pandemia, los registros de mujeres asesinadas desde el comienzo del aislamiento son increíbles. Con un promedio de uno cada 29 horas, hubo 142 asesinatos de mujeres desde que comenzó la cuarentena hasta el 30 de septiembre de 2020. Los números son alarmantes y desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades buscan poder aplanar también esta curva.
Además, una investigación de la Defensoría del Pueblo de la Nación reconoció que subieron un 15 por ciento los femicidios, dentro de los cuales también ingresa el suicidio de dos mujeres que no vieron otra escapatoria por la infinita violencia de sus parejas y dos transfemicidios.
En ese sentido, Gómez Alcorta tiene sus ojos puestos principalmente en la alerta que hay por crímenes y desapariciones de mujeres en Jujuy. Desde el Ministerio investigan si existe alguna conexión con redes de explotación sexual y trata de personas. Tal es la situación que se conoció en los últimos meses el crimen paradigmático de Roxana Mazala, una mujer de 32 años que fue envenenada por su pareja al regresar de una marcha en la que se pedía justicia por los femicidios.
Como todas las ramas públicas, nadie dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad imaginaba que en un año inédito, en la que con la creación de cargos públicos se ponía en discusión el rol estatal para la toma de decisiones contra la violencia de género, se iban a encontrar con un aislamiento que le pondría más sombras a la situación.
En ese sentido, Gómez Alcorta aseguró que se trata de un desafío, donde lo primero a lograr es “construir institucionalidad” y admitió “este Ministerio viene de la mano de una lucha”. Claro, habla de la perspectiva feminista y las cuestiones de género, cuya agenda “hoy circula en las familias, las escuelas, en los sindicatos, en el Estado”, reconoció la Ministra.
Ese reclamo es el que poco a poco ha ido calando hondo dentro de la estructura estatal, y aunque también fue sinónimo de infinitas luchas, hoy se radica en una conquista material. “El salto que damos en materia de presupuesto entre el 2019 y el 2021, porque en 2020 no tuvimos presupuesto, es 22,75 veces más”, festejó Gómez Alcorta. Esto se trasluce en “56 partidas de distintos Ministerios que tienen proyectos, políticas, programas con perspectiva de género y, en el 2019, sólo había 24”.
Gran parte de este presupuesto estará destinado, en 2021, a gestionar políticas contra las violencias, para poder disminuir los casos de femicidios en el país.
“La prioridad central que tenemos es bajar las tasas de femicidios y travesticidios, que no solamente vienen siendo altamente estables en nuestro país sino que a esta altura, ya en octubre, podemos ver que este año vamos a tener una suba”, se lamentó la Ministra.
Además, anticipó que “sin política pública, sin recursos, sin una muy buena articulación entre los municipios, las provincias y la Nación es muy difícil poder pensar en que en el mediano plazo vayamos a bajar esa tasa”.
En ese sentido, saben que el impedimento económico al que se afrontan muchas mujeres víctimas de violencias es una de los principales problemas que deben afrontar. Por eso han generado desde Nación el programa Acompañar, que se trata de una suma de 17 mil pesos, es decir un salario vital, mínimo y móvil para que estas personas puedan salir de estas situaciones.
Esto es clave, teniendo en cuenta que el aislamiento ha contribuido al aumento de femicidios ya que encierra muchas veces a las víctimas con sus agresores. Entendemos que lo que ha contribuido al aumento está vinculado al riesgo que genera la convivencia entre el agresor y la víctima. Este es el denominador común, teniendo en cuenta que esta tendencia también se ve en países europeos.
Para Gómez Alcorta el problema es la falta de política pública por un lado y la falta de investigación, además de la complicidad de jueces y policías con respecto al tema. Sin embargo, entre tantas pandemias y tanta violencia, el Estado parece poner un granito a la búsqueda del fin de estas violencias.