El fallo de la jueza Dolly Gee, que data de julio, instaba a liberar a los menores indocumentados recluidos por más de 20 días.
Según la magistrado, con esta política el Gobierno viola el acuerdo "Flores versus Meese", que prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos y que exige también que se dé prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardián legal.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington acusó a Estados Unidos de violar el derecho a la libertad y al principio de no privación de esta por las detenciones "automáticas y arbitrarias" de familias y menores de edad que llegan a su frontera. Estas prácticas violan el derecho de buscar y recibir asilo.
