Esta semana la sociedad boliviana acogió con indignación un video en el que la madre de un joven acusado por abuso sexual grabó con una cámara oculta al juez anticorrupción de La Paz, Marcelo Barrientos, cuando este le exigía varios miles de dólares por cambiar el tipo penal por el que sería juzgado su hijo. "Lo que nos mostró el 'video extorsión' es motivo de escándalo nacional, de repudio de la opinión pública, que requiere de varias medidas para desarticular a estos 'consorcios jurídicos'", consideró Romero. Explicó que el Ejecutivo ya tenía previsto comprar 500 cámaras de videovigilancia para su instalación en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por lo que ahora "se hará un ajuste en la ubicación para que se vigile a través de un sistema técnico la labor de los operadores de justicia".
Según el ministro, lo que hacen esos "consorcios jurídicos" al manipular los casos a cambio de dinero es "la regla general en el sistema de justicia" de Bolivia.
Además, denunció que existe "una suerte de encubrimiento", ya que los fiscales que deben investigar a sus compañeros cuando hay sospechas de corrupción no lo hacen. "En casos de las autoridades jurisdiccionales acusadas por delitos de corrupción, tendrían que ser juzgadas por otros jueces, pero entre colegas eso no sucede y en medio están involucrados abogados que son socios y se convierten en defensores, por eso estos casos son un motivo de vergüenza nacional", sentenció Romero.
