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En una audiencia de control de acusación, la fiscal jefa Sandra Taboada y la fiscal del caso Gabriela Macaya solicitaron que una pareja de padres sean juzgados ante un tribunal colegiado. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva y están acusados de haber abusado sexualmente de una nena en Cutral Co. La vítima es hija de la mujer imputada e hijastra del hombre.
El aberrante accionar de los padres salió a la luz en mayo de 2020, luego de que las violaciones llegaran al extremo de destruir la zona genital de la niña, tras lo cual decidieron llevarla al hospital local. Allí, la mujer les informó a los médicos que la nena estaba jugando en una silla y se había caído, pero su cuadro era tan grave que se la derivó a una clínica de la capital, donde los profesionales advirtieron que las lesiones eran compatibles con abusos reiterados.
Tras algunos allanamientos, entrevistas, estudios a la nena y hasta análisis que dieron cuenta de presencia de semen del padrastro en una prenda íntima de la víctima, las representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron toda la prueba en una audiencia de formulación de cargos en marzo de este año, y acusaron al padrastro por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia y reiteración de hechos, y corrupción de menores. La madre también fue acusada en calidad de cooperadora y con el agravante del vínculo. Además, como les encontraron una pistola calibre 22 en la casa durante un allanamiento, se los acusó por la tenencia ilegal de arma.
Durante la audiencia que comenzó el lunes y continuó el jueves, las representantes del Ministerio Público Fiscal, atento a la calificación legal y a la pretensión punitiva, solicitaron que la pareja de padres sea juzgada ante un tribunal colegiado, pedido que fue avalado por el juez de garantías.
En una segunda parte de la audiencia se debatió acerca de la medida cautelar que viene cumplimiento la pareja de padres. Macaya explicó que en marzo, una jueza de garantías dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 6 meses, aplicando la Ley 3234, que presentada por el fiscal general José Gerez, permite prorrogar plazos previstos en casos en los que la situación de pandemia haya afectado el proceso judicial.
La fiscal del caso solicitó que se ratifique esa medida cautelar, objetada por la defensa, entendiendo que subsisten los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga. “Los imputados ya saben que serán sometidos a un juicio y el riesgo de fuga, a medida que avanzamos en el proceso, lejos de disminuir, se incrementa. Hay una expectativa de pena alta, de prisión de cumplimiento efectivo”, argumentó Macaya.
La defensora de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el abogado querellante particular, por su parte, adhirieron al pedido de que ambos imputados sean juzgados ante un tribunal colegiado y de ratificar la prisión preventiva.
Luego de confirmar la intervención de tribunal colegiado, el juez de garantías ratificó también la extensión de la prisión preventiva por el término de seis meses, desde marzo.